No es necesario explicar qué es una amnistía y su diferencia con un indulto ni con un indulto general. Se ha escrito tanto sobre ello que es de general conocimiento. Sobre el tratamiento jurídico-constitucional de la amnistía se han pronunciado los más ilustres constitucionalistas y penalistas que la consideran inconstitucional. Sólo unos pocos juristas amiguetes del Gobierno y afines a la izquierda y a la izquierda radical, que disfrutaron de responsabilidades públicas, creen que la amnistía cabe en la Constitución porque no aparece citada en el texto constitucional. Precisamente eso evidencia que no es constitucionalmente posible aplicarla.

Entre muchos argumentos de peso el catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera produjo un ejemplo irreprochable: «La amnistía, como la esclavitud, no aparece en la Constitución y nadie creería que por ello es legal y constitucional». La amnistía no supone sólo el perdón de la pena sino también la anulación del delito. Sólo existe el antecedente de la amnistía de 1977 sobre los delitos cometidos antes de su promulgación; se buscaba la reconciliación tras la dictadura.

Sobre la amnistía se ha mentido mucho y como mentirosa se lleva la palma Yolanda Díaz acaso para mostrarse tierna con el jefe esta vez verbalmente. Yoli declaró en La Vanguardia: «Hubo debate sobre si incluir o no la amnistía de manera explícita en la Constitución, hubo una enmienda del PSP (…) para incluirla. Esa enmienda no prosperó. (…) El constituyente decide que una medida de este alcance la tome el legislador ordinario, sabiendo que requiere una ley orgánica y por tanto una mayoría cualificada. Seamos rigurosos». O sea que los constituyentes decidieron que «una medida de este alcance» no apareciese en la Constitución y la remitieron a «una ley orgánica». Es tan importante que la rebajan.

Pues sí, Yoli, vicepresidente en funciones, hace falta más rigor y revisar los papeles de los asesores. Yo me he tomado la molestia de acudir a las fuentes. Si nos vamos a los debates en las Cortes Generales, en efecto hubo dos enmiendas sobre la amnistía al texto elaborado por la ponencia. Una de Raúl Morodo (número 504, página 213 del documento de enmiendas al Anteproyecto de Constitución) que proponía: «Las Cortes Generales, que representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa (…) otorgan amnistías». Una segunda enmienda, de César Llorens (número 774, páginas 349 y 350 del mismo documento), señalaba: «Se prohíben los indultos generales (…) las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento». La ponencia y posteriormente la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas aceptaron incluir en la Constitución la prohibición de indultos generales y rechazaron que las Cortes pudiesen otorgar amnistías.

Otra manipulación mentirosa de Yoli es comparar la llamada amnistía fiscal de 2012, realmente «declaración tributaria especial», con una amnistía. Y oculta que aquella decisión del ministro Montoro fue declarada inconstitucional por el TC. Una ley de 2021 prohibió esa fórmula.

Los constituyentes no olvidaron incluir la amnistía en la Constitución ni pretendieron dejar la decisión de la amnistía al Parlamento. Y no aceptaron –o sea: prohibieron– que el Parlamento pudiera concederlas, lo que supone que no es posible aprobar la ley de amnistía que preparan, con ese u otro nombre, Sánchez y sus palmeros, entre ellos Yoli. Mienten. La primera ocurrencia de la vicepresidente en funciones fue remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Alonso Martínez, sancionada por Alfonso XII en 1882, ignorando la Disposición Derogatoria 3 de la Constitución.

Afirma Yoli que se está trabajando en una amnistía «para superar conflictos políticos» porque «no podemos comparar la situación actual con la de 1977». Pues claro que no. Por eso entonces fue necesaria una amnistía y ahora no lo es y sólo atiende a los intereses personales de Sánchez aunque atenta contra el Estado de derecho, la separación de poderes, la igualdad de los españoles y, en definitiva, la democracia. Y no menos contra la dignidad nacional. Supone una humillación al pueblo soberano y a la Justicia.

La vicepresidente en funciones se extraña por la posición contraria de Felipe González a la amnistía «por su condición de abogado». Esa extrañeza la expresan sobre ella ilustres constitucionalistas y penalistas. Ante tanto disparate jurídico se llega a pensar que Yoli consiguió la licenciatura como Sánchez el doctorado. Y miente tanto como el jefe.

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