No debo extenderme sobre Iván Espinosa de los Monteros. Ya lo hicieron, y muy justamente, mis compañeros cuando correspondió. Con Espinosa de los Monteros nunca tomé un café ni compartí una conversación, pero para mí es un caballero, una persona educada, de palabra culta además de acerada cuando viene al caso. Así eran la mayoría de los compañeros parlamentarios de mis primeras legislaturas. Nada que ver con el bajonazo rufianesco de estos tiempos. La palabra acerada se transforma en insulto. El respeto al lugar en el que se residencia la soberanía nacional se devalúa hasta vestir niquis y calzar chanclas. Espinosa de los Monteros demuestra señorío. La diferencia entre vivir en la política y vivir de la política. Vox se arrepentirá de su salida.

Sobre la mesa están los pactos para conformar un Gobierno. Hasta ahora no hubo problemas: gobernaba el más votado. Pero no existía Sánchez en nuestras vidas. González gobernó con 202 diputados en 1982, 184 en 1986, 175 en 1989 y 159 en 1993. Aznar lo hizo con 156 en 1996 y 183 en 2000. Zapatero gobernó con 164 en 2004 y 159 en 2008. Rajoy lo hizo con 186 en 2011 y 137 en 2016. Sánchez gobernó con 85 (moción de censura de 2018) y en abril de 2019 consiguió 123 escaños y no pudo formar Gobierno; en la repetición electoral de noviembre con 120 escaños, 3 menos, lo formó. Ya el Frankenstein. Ahora quiere gobernar con 121 diputados ignorando a Feijóo que cuenta con 137 escaños, los mismos que Rajoy cuando gobernó en 2016. Sánchez es el candidato que menos escaños ha conseguido para su partido en decenios.

Sanchez no tiene líneas rojas; le da igual con quién pactar y qué precio paguemos por ello todos los ciudadanos. Lo que ocurra en España no le concierne. Ahora quiere incluir a proclamados antiespañoles en la Mesa del Congreso porque les ha prometido la ley de amnistía que le piden y quiere garantizarles lo que ilustres penalistas, Enrique Gimbernat entre ellos, consideran inconstitucional. Confía en que Conde Pumpido lo apañe a su gusto. La Constitución no hace mención expresa de la amnistía y ello, a juicio de otros juristas, lo permitiría. Pero la amnistía (del griego clásico: amnesia, olvido) olvida el delito, desaparece, mientras el indulto supone el perdón de la pena impuesta por la Justicia. Es lo que no quiere afrontar Puigdemont y con lo que los españoles me temo tendremos que tragar sólo porque Sánchez lo necesita para seguir en Moncloa sin haber ganado las elecciones.

En su momento Carmen Calvo, siendo vicepresidenta del Gobierno, se pronunció en contra de la amnistía. Y el penalista Antonio Cuesta diferencia claramente indulto y amnistía: «El indulto está personalizado, la amnistía afecta a los hechos, hayan sido juzgados o no. Por eso está prohibido el indulto general porque deja de estar personalizada la gracia». En efecto la Constitución en su artículo 62.i) –Título II, «De la Corona»– señala que corresponde al Rey: «Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Cambiar por la puerta de atrás el espíritu de la Constitución con una ley de amnistía a la carta es una insensatez y supone colocar a la Corona en una posición delicada.

El primer capítulo para resolver esta situación anómala será la ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios. No son pocas las comparecencias públicas de independentistas y otras rehalas en las que declaran que nuestro Rey constitucional no es su Rey. Por ello no sería la primera vez que respondieran con su grosera inasistencia a la ronda regia. Serían apoyos que, aunque se los apunte Sánchez, no son seguros ni asumibles si no los expresan sus protagonistas. Ni siquiera son seguros los votos de algún asistente. ¿Yolanda, la chulísima, puede asegurar los votos que controla Iglesias?

Felipe VI es el Rey del mensaje a los españoles el 3 de octubre de 2017. Muchos millones de ciudadanos y muchos españoles de Cataluña no lo hemos olvidado. Escuchamos las palabras «confianza, tranquilidad y esperanza» y «compromiso, serenidad y determinación». Y más. Somos inmensa mayoría los españoles que estamos orgullosos de serlo y creemos que por mantener vivo un ego no se puede violentar con argucias la voluntad democrática. El Rey es «el símbolo de la unidad y permanencia» de España. Las presiones sobre esa realidad constitucional son ya una anomalía y acaso una traición.

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