Me entero por los medios que el PP, quizás como carta a los Magos para contentar a muchos españoles desilusionados, propone la ilegalización de aquellos partidos que expresan su intención de acudir a referéndums de autodeterminación, o, dicho de forma más clara, los que quieren socavar la unidad de España y constituirse en taifas independientes.

Cabe recordar que Vox ya se había adelantado, hace bastante tiempo, con una propuesta parecida, si bien ahora, desde las filas peperas se acude a la filigrana de distinguirse, ya que, a diferencia del partido del señor Abascal, ellos no se proponen sancionar ideas, sino actitudes; como de costumbre, se les puede aplicar aquello del papel de fumar o de los guantes de boxeo…

Inmediatamente, desde las filas del sanchismo y allegados, se han apresurado a descalificar la propuesta, tildándola, cómo no, de propia de regímenes autoritarios o totalitarios, y una señora o señorita –de cuyo nombre no me acuerdo ni me interesa lo más mínimo recordar– afirma sin sonrojo que eso atenta contra la propia Constitución.

Sigo leyendo que la fórmula jurídica que proponen los de Feijoo es la de deslealtad constitucional, lo que, a mi humilde modo de ver, sirve lo mismo para un roto que para un descosido, pues se podría aplicar igualmente a quienes contradicen abiertamente sus promesas (ya no juramentos, claro) de defender la Carta Magna desde sus puestos de responsabilidad; de llegar a buen término la propuesta del PP –una utopía, tan como están las cosas–, daría pie a largos, farragosos y estériles estudios y debates de naturaleza jurídica, mientras van trabajando sin descanso ni trabas los que se proponen la disolución de España como nación.

Recordamos que se trata de esa España cuya integridad territorial viene expresada en la propia Constitución como indisoluble, para precisar que se trata de la «patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2); más adelante (art. 6) se afirma que los partidos políticos son libres «en su creación y ejercicio de su actividad, dentro del respeto a la Constitución y a la ley». Más claro, agua.

Además, que como uno no es jurista, entiende sobre todo que España, como ente histórico es previo a la Constitución del 78, la que, precisamente se fundamenta en esa indisoluble unidad, por lo que el texto que fue redactado y consensuado por aquellos padres de la patria en la Transición recogía esa validez y prioridad del ser de España al ropaje legal con que vistieron a nuestra Patria en un momento dado –y delicado– de su historia.

Repito que la tibia propuesta del PP no tiene muchas garantías de prosperar, pues son precisamente los partidos separatistas quienes sostienen al actual gobierno y a su presidente, experto, por cierto, en hacer mangas y capirotes con respecto a las instituciones y a las normas vigentes. Y eso que, en nuestro entorno europeo, lo de deslealtad constitucional queda ampliamente superado con los términos más rotundos de traición y de alta traición, y no creo que Austria, Alemania, Francia, Bélgica o Italia contemplaran intentos de romper su unidad con otros rotundos apelativos.

Vamos a suponer que surgiera un partido en cuyos propósitos (previos a las actitudes, claro) se planteara algún tipo de discriminación «por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (como reza el artículo 14); evidentemente, ese partido no sería nunca legalizado y, en el caso de que un lapsus burocrático hubiese permitido su existencia, los tribunales serían unánimes en su condena e ilegalización; mi pregunta de ciudadano de a pie es si existe una gradación de importancia dentro del articulado constitucional y, si es imposible e ilegal la existencia de un colectivo que se oponga al mencionado artículo 14, por qué demonios no lo es pretender eliminar de un plumazo, con referéndums o sin ellos, con todas las argucias sanchistas habidas o por haber, el artículo 2º.

No va, pues, desencaminada la propuesta del PP, como lo fue la de Vox en otro momento, pero llega tarde, muy tarde, pues el virus del nacionalismo separatista –más peligroso colectiva e históricamente que el de la gripe o el de la covid– ya se ha adueñado, con todas las complicidades habidas y por haber, de numerosos votantes de Cataluña, el País Vasco o Galicia, y, como tal virus, amenaza con extenderse a otros territorios o comunidades cutónomas donde nunca se habían planteado tales desatinos.

España es hoy un hervidero de opciones personales, donde coexisten (coexistir no es lo mismo que convivir) españoles «que lo son con resignación. Algunos quisieran ser otra cosa antes que españoles. Otros solo son españoles en la intimidad. La mayoría lo es, pero no ejerce. O ejerce solamente de manera depresiva» (Gregorio Luri). Claro que también existen españoles que se sienten como tales y orgullosos de serlo, conocedores de su historia (no aprendida en las aulas actuales), esperanzados en el presente (a pesar de todo) y abiertos a un futuro mejor.

Además, entre ellos, algunos –como el que suscribe estas líneas– consideran a España como apriorismo esencial, que está por encima y es previo a las coyunturas de cada momento, a las constituciones que revisten normativamente la convivencia, a los gobiernos, a las instituciones y a los regímenes.

Continuando con esta declaración personal, e intransferible, opino, en consecuencia, que la propuesta del PP de ilegalizar actitudes y de tildar de deslealtad constitucional lo que es pura alta traición a la Patria se queda muy corta, como suele ocurrir en todos sus planteamiento (como aquel 155 de la señorita Pepis), a riesgo de que me vituperen con todos los adjetivos peyorativos los sedicientes palmeros del sanchismo o sus aliados, esos que precisamente son los que pugnan para dividir España.