España, aserto prepolítico

Nos viene de muy lejos, concretamente de aquel siglo XVIII y del profeta del liberalismo, J.J. Rousseau, la especulación de que no existen verdades permanentes, sino que, en todo caso, pueden calificarse como tales –sin el carácter de permanencia– a las conclusiones a las que hayan llegado las mayorías, previamente convencidas por ciertas minorías. Traducido a términos más actuales, solo el consenso (Habermas dixit) puede establecer la categoría de verdad; de este modo, la identificación afectiva y racional con lo que antaño se denominaba patria solo tiene razón de ser si esta queda definida y delimitada por un texto legal obtenido supuestamente por consenso. Nació de este modo el patriotismo constitucional, que campea en Europa y que fue tan bien acogido en España por el PP y el PSOE.

Al igual que el patriotismo, al que me refiero en concreto en este artículo, muchos otros aspectos dependen de que se haya alcanzado el supuesto consenso para ser investidos como verdaderos y, por tanto, alejados del error en el que se han sumido las minorías díscolas; la ética, la moralidad, la antropología, la propia historia… dependen del consenso obtenido. Todo es relativo, y apuntamos que de ahí nace la corrección política que agobia a las sociedades occidentales. Pero cada día cunde más la sospecha de que el famoso consenso es prefabricado; se trata, ni más ni menos, de «un mito político al servicio de las oligarquías políticas y sociales que se presentan como representantes de la sociedad» (Alberto Buela).

Uno ha pasado de esa sospecha a la convicción de que las palabras del pensador argentino son pura realidad; y sostiene que existen verdades por encima del consenso político, es decir, verdades prepolíticas, lo diga Agamenón o su porquero.

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En primer lugar, la existencia de Dios, por supuesto, y, de ahí, el derecho a la vida (cuestionado precisamente por el supuesto consenso de algunas leyes en vigor), los valores permanentes y eternos, irrenunciables, del ser humano: su dignidad, su libertad, su apertura a la trascendencia), la decisiva importancia de la institución de la familia en la sociedad, el papel de la educación, el respeto a la intimidad…, y los propios derechos humanos, complementados necesariamente por los deberes humanos. Curiosamente, los defensores a ultranza del consenso (que son herederos de aquel prohibido prohibir del siglo pasado) son los más intervencionistas y celadores a la hora de invadir ámbitos personales, llegando a extremos que no se hubiera atrevido el más conspicuo totalitarista de antaño.

Ya dejó dicho Ratzinger que «también las mayorías pueden ser ciegas e injustas», de forma que, aprécienlo los más o los menos, siempre quedarán en pie presupuestos previos a la política y a sus pactos y derivaciones. Entre ellos, España, como concepto, idea y realidad que va mucho más allá de cualquier patriotismo constitucional y de cualquier consenso habido o por haber.

Sin embargo, la versión oficial de la España actual también está siendo convertida en objeto de consenso, en concreto el que consigan los pactos, acuerdos o burdos chantajes con los que se niegan a considerarse españoles y procuran, con luz y taquígrafos, la desintegración de España. Al llegar a este punto, dejo a la imaginación (que no a la fantasía) del lector cualquier tipo de escenario al que se pudiera llegar en el futuro.

No hace falta, por otra parte, descubrir que los consensos son después ampliamente publicitados, y ya sabemos que la repetición de una mentira la convierte automáticamente en verdad, como dijo alguien, que no recuerdo si fue Goebels o Lenin, pero tanto monta.

¿Es España discutible como realidad histórica, jurídica, actual y como herencia transmisible a sucesivas generaciones? Pues parece que va a depender del consenso. Sí, ya sabemos que el artículo 2º del título preliminar de la Constitución es taxativo, pero, al igual que tantos otros contenidos de la Ley, puede ser objeto de interpretación interesada, de manipulación o de sibilina reforma. ¿Cuántos españoles levantarían hoy la voz en el caso de que, mediante un retorcimiento leguleyo, se pusiera en entredicho la integridad de la nación?

Acaso los disconformes con la tropelía perdieran la votación, esa que ganarían los que, convenientemente adoctrinados y sometidos al influjo de los medios y de la adulteración en las aulas, apoyarían un consenso logrado tras arduas conversaciones; todo ello en buena lógica roussoniana y habermiana. Ello significaría, en esa lógica, que están equivocados esos disconformes –pueden imaginarse los adjetivos descalificadores– , pues la verdad correspondería a esa mayoría que ha aceptado la maniobra.

A modo de ejemplo, se me ocurre que el primer paso consensuado sería ese Estado federal asimétrico, contenido en el ADN de los Zapatero y los Sánchez; ello daría lugar, sin duda, a una formulación confederalista, y, de ahí, como consecuencia, a las secesiones bendecidas por el consenso. Otra fórmula, que seguro ya está en el magín de los políticos, es la legalización de las consultas de autodeterminación no vinculantes, también como primer estadio consensuado.

Sea como sea en ese futuro imperfecto que parece asomar, uno seguirá entendiendo a España como verdad prepolítica; y confía en que otros muchos españoles lo reafirmen de los modos en que haya lugar.