Rehuir el fondo de la cuestión

Comprobamos a diario que han dejado de tener validez social las categorías permanentes de razón, es decir, aquellas verdades que deben estar por encima de modas, opiniones e ideologías políticas. Este es uno de los fundamentos esenciales del liberalismo desde su nacimiento histórico, perfectamente asumido por el actual neoliberalismo: la voluntad general, interpretada como la voluntad de la mayoría, y esta concretada en los pactos electorales o poselectorales de los partidos políticos, impone sus criterios considerados como dogmas de los que, como tales, no es lícito discrepar, a riesgo de caer en el ostracismo y el repudio.

Si en la tiranías absolutistas del pasado remoto o en las dictaduras políticas más recientes, la voluntad del gobernante tenía valor de ley, en las democracias totalitarias del presente, esa supuesta voluntad colectiva, asumida inconscientemente, adopta la misma categoría y fuerza, y ello sin la menor necesidad de medios coactivos externos.

La existencia o no de esas verdades previas a cualquier discurso, relato o metarrelato fue el fondo de la discrepancia fundamental entre Habermas y Ratzinger, en el debate entre ambos intelectuales en la Academia Católica de Baviera en 2004; el primero sostenía, en sus teorías de la «ética del dialogo o discursiva» y de la «razón práctica» que debían ser sustituidos los planteamientos metafísicos o religiosos por un «derecho secularizado», es decir, que un Estado moderno podía legitimar de forma autosuficiente sus planteamientos, medidas y leyes, exigiendo solo un mínimo de «virtudes políticas», y esta era la única base de cohesión social, mientras que el futuro papa defendía los «valores permanentes», prepolíticos, que tenían como fundamento la correlación entre la fe cristiana y la racionalidad occidental. Es indudable que, para el pensamiento único, prevalece siempre la opinión del filósofo de la Escuela de Frankfurt y nunca la de Ratzinger (al que, por cierto, se le ha negado el nombre de una calle en la Barcelona de la señora Colau).

Aun hay más: si contemplamos el inmenso poder coactivo interior de que disponen los Estados actuales, obedientes siempre a las directrices de un mismo Sistema, la existencia de los impresionantes recursos de ingeniería social y el poder y alcance de sus medios, no es extraño que cualquier planteamiento o idea que reciba el remoquete de tradicional o conservadora es anatema. El hecho es que se opera la estrategia consabida: esa idea debe ser sustituida paulatinamente en la mente de los ciudadanos por otra, la que precisamente deconstruye la anterior y es propuesta por la ideología predominante.

Todos conocemos el símil de la rana sumergida en agua templada; el animalito se encuentra a gusto y, conforme aumenta la temperatura, se va acomodando a la nueva situación, hasta que queda hervida inexorablemente sin apenas darse cuenta. Añadamos también el poder de las tecnologías de la vigilancia, que se encargan de disuadir a los divergentes, hasta que toda una población tiene interiorizada la idea que se ha querido inculcar desde el primer momento. El miedo a discrepar, la sanción social o lo que antiguamente se llamaba respeto ajeno hacen el resto…

Todo este largo exordio viene a cuento para tratar el último escándalo político por la cuestión del protocolo sobre el aborto en Castilla y León; la cuestión ha maldispuesto a los socios de gobierno de esa Comunidad –PP y Vox–, y le ha puesto en bandeja al Gobierno socialista y podemita de Sánchez el hacer sangre contra sus adversarios, planteando, de momento, ese requerimiento por la intromisión de una autonomía frente a una ley de rango nacional, dotada, para ellos, de la sacralidad del aborto como «derecho inalienable de la mujer».

Todas las partes implicadas entran en liza por razones de procedimiento; Vox asume la literalidad del protocolo y menciona su pacto con el PP; este se apresura a negar «cualquier forma de coacción» contra el derecho del aborto en su Comunidad; los comentaristas políticos, todo lo más, restan importancia al problema y repiten que Sánchez ha lanzado una cortina de humo para tapar otros problemas; los ciudadanos, de cualquier partido o intención voto, esperan a ver qué pasa…

Pero nadie pone sobre el tapete el fondo de la cuestión, que es cuestionarse el aborto, sea desde planteamientos éticos o religiosos: es una ley democrática y basta, y además entendida como conquista de la mujer y de la sociedad, común en nuestro marco de referencia europeo. Nadie ha aludido –que yo sepa– a la primera categoría permanente de razón, que es el derecho a la vida, que el aborto sigue siendo un crimen, ya que asesina a un ser indefenso e inocente, ese feto (nada de la estupidez del preembrión, que dijo una ilustrada) que tiene ya su ADN propio y que, sin ser aún persona desde una perspectiva social, es ya un ser humano en sí mismo, y no apéndice prescindible del cuerpo de otro ser humano.

Así, las discrepancias políticas, las cuestiones de procedimiento, ocultan las razones esenciales, la verdad de la ilegitimidad ética, para los no creyentes, y de la ilegitimidad moral y religiosa, para los creyentes, del hecho del aborto. Aunque esté legalizado en las democracias totalitarias, en feliz conjunción del neoliberalismo y del neomarxismo, como tantas otras cosas.

La Razón de la Proa (LRP) no se hace responsable de las opiniones publicadas, son los autores firmantes los únicos que deben responder de las mismas. LRP tampoco tiene por qué compartir en su totalidad el criterio de los colaboradores. Todos los artículos publicados en LRP se pueden reproducir libremente siempre que se indique su procedencia.
Recibir actualizaciones de LRP (newsletter)