En mi último artículo –escrito a vuelapluma en mi retiro salmantino– me hacía eco de un reciente libro, del que iniciaba la lectura, del catedrático de Derecho Procesal don José de los Santos Martín Ostos, titulado La participación del pueblo en el poder (alternativa al sistema de partidos políticos) (Ed. Astigi. Sevilla 2023), que he terminado con aprovechamiento en estos días veraniegos. Creo que merece algo más que aquella cita o una referencia bibliográfica, pues su contenido no tiene desperdicio para cualquier español (y europeo, en general) que se pueda clasificar como pensante; por su contenido y estructura, está escrito pensando en un público universitario,

Siguiendo un método científico, comienza por plantearse la idea de democracia, que...

...«no es un concepto estático que no admita sucesivos cambios y transformaciones, sino que, por su propia naturaleza, está necesitado de continuos avances y mejoras». Por ello, según el autor, «un sistema político puede aproximarse más o menos al ideal democrático, pero en ningún caso llega a identificarse con la democracia».

Las exigencias mínimas para considerar un régimen como democrático («con la excepción de quienes se declaren partidarios de una versión totalitaria») son el predominio de la ley (con la salvedad de que puedan darse leyes sin fundamento democrático); la aprobación de dichas leyes en una asamblea soberana, que debería estar compuesta, –en palabras del catedrático– «no solo por los individuos más destacados, sino, lo que no es insignificante, por los que estén mejor capacitados»; que estos sean elegidos por la comunidad, y aquí el autor matiza que «no es tolerable que se exija en una parte de la nación un porcentaje de votos superior del establecido para otra», tal como está ocurriendo en la situación actual con las consecuencias a la vista; otros requisitos imprescindibles son la debida separación de poderes y, por supuesto, «la irrenunciable libertad de expresión». Al llegar a este punto, matiza que un problema esencial es no confundir o identificar la democracia con un concreto sistema socioeconómico ni con la vigente partidocracia.

Martín Ostos lleva a cabo, a continuación, un exhaustivo estudio histórico del parlamentarismo y la democracia en España a lo largo de los siglos XIX y XX, con análisis de las diferentes y abundantes Constituciones que han venido vistiendo el cuerpo del Estado, hasta llegar a la vigente, la de 1978, en la que se considera que los partidos políticos son un «instrumento fundamental» para la participación política… pero sin especificar que sea el único.

En la parte segunda de la obra, se adentra en un estudio específico de los partidos, «que no se ha correspondido con las expectativas despertadas», por el predominio del interés partidista sobre el general, la existencia de las cúpulas que imponen una disciplina ciega y la burla que representa para los electores la política de pactos posterior a las elecciones, así como la no desdeñable cuestión de la financiación de los partidos y las posibles influencias externas de los grupos de presión nacionales e internacionales, con una pequeña alusión, que merecería ser más glosada en mi opinión, a las sociedades y grupos más o menos secretos. La conclusión a la que llega es obvia: artificialidad y ficción de un supuesto sistema democrático, que, en teoría, debería servir para la participación de la sociedad en el Estado.

La parte tercera es un recorrido por las críticas y contrapropuestas ideológicas que se han ido formulando de forma razonada, a lo largo de la historia, al sistema de partidos políticos; se concreta en el tradicionalismo, el socialismo utópico o anarcosindicalismo y el nacionalsindicalismo, con su plasmación en la España actual.

Por fin, la parte cuarta del libro –En busca de una solución– plantea un interesante debate; por su interés, transcribo sus palabras textuales:

«En el momento presente no abundan iniciativas para la sustitución de los partidos políticos como único medio de acceso al poder. Es más, da la impresión de que se ha tendido un manto de silencio en torno a esta cuestión, con la intención de convertirla en un axioma, se confunde la necesidad (o, al menos, conveniencia) de la existencia de los partidos con su consagración como obligado cauce de participación, lo que induce a plantear el interrogante de si se trata de una estrategia interesadamente sesgada».

Analiza referentes existentes en la actualidad que pueden entenderse como avances en la dirección de una completa democracia: universidades, colegios profesionales, sindicatos y otras entidades y asociaciones, así como algunas matizaciones sobre la elección de senadores y en la propia Administración de Justicia, con especial insistencia en su imprescindible independencia, hoy tan cuestionada por el Ejecutivo.

El epílogo resalta la primacía de la libertad política como base y una no menos necesaria perspectiva social. Preguntas obligadas que se formula el autor son cómo sería el nuevo modelo democrático del futuro, cómo y dónde se podría implantar y cuáles serían los procedimientos legales para ello, con la precisión de que ese nuevo sistema «merecería una y mil correcciones»; para ello, se necesitarían «grandes dosis de imaginación, inteligencia, visión de futuro y sentido común», cualidades que –apunto subjetivamente– no abundan en la actual política española.

¿Se trata de un estudio utópico o bien de una premonición de un experto en leyes para garantizar una auténtica democracia? Me gustaría, de todo corazón, apostar por lo segundo.

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