A la vergüenza tricentenaria que supone la humillación de padecer en nuestro suelo una colonia extranjera, hay que añadir el efecto multiplicador de sus cuestionables negocios y la continua expansión de sus terrenos.

Una burla que viene dándose desde hace ya demasiado tiempo bajo la condescendencia de los diferentes y sucesivos gobiernos españoles, de contrario color político, pero monocromáticos en su similar dejadez ante Gibraltar.

Una colonia no sólo anacrónica, indigerible e incompatible con los principios de derecho internacional y hasta con los términos y límites fijados en el Tratado de Utrecht, sino que constituye una continua provocación a nuestra dignidad como nación.

No contentos con convertir aquel trozo de tierra española en un paraíso fiscal y del contrabando internacional, en una base para reparar submarinos nucleares con el consiguiente riesgo para todos, o con construir ilegalmente un aeropuerto, etcétera, la siguiente provocación con que amenazan es la construcción de seis torres colosales, alguna con más de treinta plantas.

Edificaciones que burlan la legislación y las medidas sobre ecología y medioambiente de la zona, normas que resultan cuasi sagradas en otros territorios, pero que allí se las saltan al mejor estilo «british».

Y es que, ante la inacción de nuestros gobiernos, todo vale en Gibraltar.