Dice nuestro Código Civil en su art. 6.4 que «Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir».

Con los Gobiernos de Pedro Sánchez, este precepto ha ido adquiriendo fundamental relevancia, pues si algo ha caracterizado a los partidos separatistas en su exitosa deriva contra España ha sido la utilización sistemática (y consentida) del fraude de ley en cada uno de sus meditados pasos hacia la secesión, invocando siempre alguna norma de aquí o de allá, pero vulnerando otra u otras de mayor enjundia.

Estas intenciones fraudulentas se adivinaban ya en el acuerdo en 2020 entre ERC y PSOE, cuando se omitía cualquier mención a la Constitución, y de cuyo texto era fácil prever que, en fraude de ley y retorciendo la interpretación de otras normas, para «superar la judicialización» del «conflicto» se intentaría convocar algún tipo de referéndum, eludiendo la soberanía nacional del pueblo español.

Ahora asistimos a un nuevo avance más decisivo y demoledor aún contra el Estado de derecho, con la aprobación de una ley de amnistía. Contra tan fraudulento proceder cabe la resistencia de la oposición política, de los medios de comunicación que no se sometan a la mordaza sanchista, y hasta del pueblo español denunciando por todos los medios la gravedad de lo que sucede.

Pero sobre todo, lo que ha de resultar fundamental será la valiente actuación de jueces, fiscales, abogados del Estado y demás funcionarios desde sus respectivas funciones y obligaciones de respetar y defender la ley.

¡Fuerza y honor!

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