Dice la Constitución que «El castellano es la lengua española oficial del Estado» (art. 3.1); lengua que hoy hablan más de 500 millones de personas, lo que constituye una indudable ventaja que apenas valoramos. Además del castellano, en España contamos con otras lenguas: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos» (art. 3.2 CE).

Pero esta riqueza lingüística se nos convirtió en un grave problema cuando una parte de habitantes de esas comunidades, considerándose superiores al resto de españoles, comenzaron a utilizar sus lenguas, no como instrumento de comunicación, sino de división y enfrentamiento.

Como volvió a suceder el pasado 23-F en el Congreso, en Madrid, con el malestar suscitado en la prensa por una comparecencia de los portavoces separatistas eludiendo el castellano cuando se les preguntó sobre algunas cosas que no tradujeron.

Estos repetidos episodios de consentida ilegalidad tendríamos que haberlos resuelto desde hace mucho tiempo simplemente atendiendo a un elemental principio de sentido común: Quien pudiendo utilizar el castellano como lengua común para comunicarse, no lo usa, es porque no quiere comunicarse; y por tanto no requiere atención ni traducción.

Acabemos ya con esta costosa tomadura de pelo.