Si las civilizaciones avanzadas se miden por la atención y medios que destinan a las necesidades de los seres humanos más vulnerables, las sociedades occidentales están dejando de avanzar. Y eso por más que el Gobierno superprogresista del PSOE pacte con el PP la sustitución del término «disminuidos» por «discapacitados», en el art. 49 de la Constitución, respecto a las especiales obligaciones que tienen con ellos los poderes públicos para el disfrute de sus derechos.

Pues lo cierto es que, tan exquisita sensibilidad por el cambio de calificación se reduce, como en tantos otros casos, a un mero prurito literario, ya que en la práctica, cuando se les detecta la menor señal de discapacidad o «disminución» en su gestación, se les aplica un tácito protocolo letal que aconseja darles muerte.

Se les excluye así del primer y más necesario amparo a los seres humanos más inermes y vulnerables, suprimiéndoles el anterior y previo de todos los derechos: el derecho a nacer y a vivir. Es lo que está sucediendo con los fetos que ofrecen una mínima sospecha -demasiadas veces infundada- de tener trisomía 21 o síndrome de Down: un grupo humano que padece un genocidio quirúrgico a través del aborto (que ahora denominamos derecho reproductivo de la mujer).

En cualquier caso, cuando finalmente se produzca la sustitución del término, nos quedará la «dignidad» de que los estaremos eliminando como discapacitados, pero no como disminuidos. Un nuevo avance en «hiprogresía».