Lo que esconde la nueva ley de Educación de la ministra Celáa

Estos días se está hablando mucho de la llamada ‘ley Celáa’ (por el apellido de la ministra de Educación que la ha impulsado), que se está tramitando en el Congreso. El proyecto de ley contempla diversos aspectos, pero el meollo novedoso de la misma recae principalmente:

a) En los aspectos técnicos que prevé la norma, como, por ejemplo, en lo referente a la educación especializada (la integración en los canales educativos generales de sectores del alumnado con determinadas minusvalías); y...

b) En el fin claramente perseguido de preparar el camino para la eliminación futura del modelo de educación concertada (ahogando económicamente, en la práctica, a los centros acogidos a esta modalidad).

Cada una de estas dos líneas de actuación darían para llenar varios artículos de reflexión crítica, pero interesa hoy que nos centremos en un objetivo subyacente en el planteamiento del actual Gobierno en materia de educación que no aparece prima facie en el proyecto de ley, pero que es importantísimo; tan importantísimo que puede significar una radical transformación no sólo en el ámbito de la enseñanza sino en la generalidad de la sociedad española, tal como la hemos conocido hasta el día de hoy.

Históricamente, la educación y la enseñanza en España han estado y están, hoy por hoy, en manos de instituciones de la Iglesia católica en muy alto porcentaje. Hay muchísimas congregaciones religiosas que son titulares, generalmente como propietarias, de cantidad de escuelas y colegios de educación primaria y secundaria, y hasta de universidades. Algunas de esas congregaciones son entidades muy conocidas —Opus Dei, Jesuitas, Salesianos, Escolapios, Maristas o La Salle—, pero existen otras muchas que no lo son tanto.

Muchas de estas congregaciones, tanto las más como las menos conocidas, han visto decrecer su capacidad de atender con sus propios medios humanos a los centros educativos de que son titulares, debido al fenómeno de la escasez de vocaciones, de tal forma que la mayoría de los docentes que trabajan en los mismos ya no son religiosos o religiosas ligados orgánicamente a las mismas, sino trabajadores laicos contratados empresarialmente para ejercer sus tareas en dichos centros, si bien la dirección y la titularidad de los mismos —es decir, la empresa docente como tal— sigue en manos de aquellas congregaciones. Pero esto es lo único que les queda, y la tendencia es a que esto también vaya desapareciendo.

Pues bien, desde un punto de vista estrictamente económico, estos colegios-empresas son los que mantienen vivas a esas congregaciones y a sus miembros; o dicho en palabras más crudas: sin colegios, la mayoría de las mismas no tendrían prácticamente ningún ingreso, y acabarían por diluirse y desaparecer por falta de medios materiales para mantenerse. Esto lo saben muy bien quienes hoy nos gobiernan. Lo saben tan bien como nosotros sabemos que el viejo sueño de cierta izquierda, la que hoy detenta el poder en España, es el de la desaparición de todo vestigio de religión en la sociedad.

Actuar drásticamente sobre el entramado educativo es, para ello, esencial. Tienen en su mano el conseguirlo, al menos en una alta proporción, con tan solo poner en marcha medidas aparentemente neutrales de orden administrativo, como, por ejemplo, estrechar el círculo de la concertación y de la libertad de elección del modelo de escuela de los hijos para millones de familias españolas, mediante la interdicción de la pluralidad en la oferta educativa. Hoy en día ya no se lleva quemar iglesias, que es un sistema arcaico y cutre del viejo anticlericalismo revolucionario en la lucha contra la religión: basta con manipular la oferta y la demanda con apariencia aséptica en el sistema de educación.

Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para oír, que oiga.