El camino empedrado, con guijarros de punta, que viene siguiendo la política española desde el golpe de timón que supuso la moción de censura del “todos a una” por la toma de la Moncloa acaba de cubrir una etapa clave. Y, como siempre, la derecha moderada no se ha enterado.

Quien sí ha reaccionado, admirablemente, ha sido el hijo de un político ambicioso y responsable, en cuya figura aparecen cada vez con más intensidad las luces y las sombras, y al que, en todo caso, debemos que el susodicho asalto se haya diferido durante una generación.

Si buscan la carta en la que Adolfo Suárez Illana explica —a quien todavía interesen estas cosas— por qué ha protagonizado el primer desmarque de calado que sufre el Partido Popular en la presente legislatura podrán comprender el valor que sus palabras tienen para la Historia de España.

El hijo del artífice de la transición —reitero que con su inevitable carga de vicios y virtudes— a la sazón miembro de la mesa del Congreso, ha tenido la gallardía de romper la disciplina de voto al hacerlo en contra de la Proposición No de Ley presentada por socialistas, comunistas y podemitas, para retirar condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas, siempre —claro está— bajo criterio gubernativo. El partido de Suárez había dispuesto la abstención, pero él prefirió ser leal a su conciencia y a su padre. Es, como digo, un gesto crucial aunque las consecuencias prácticas inmediatas no lo sean, desde luego.

Insisto en la lectura de su carta, porque en ella están los ingredientes para interpretar, en toda su gravedad, la tesitura actual de la vida nacional. Si tuviera que entresacar una frase de ella, sin dudarlo sería ésta: «Una cosa es cambiar “la” Constitución y otra muy distinta pretender cambiar “de” Constitución».

Lo escribía Suárez Illana a raíz de otra frase para la historia, cual era la pronunciada por el ministro de Justicia en el pleno del Congreso al referirse a la actual “crisis constituyente”. Ahí queda eso.

Muchas veces hemos pensado que uno de los principales errores de la transición fue la autoconversión de las Cortes elegidas en junio de 1977 en Cortes Constituyentes. De ahí arranca la exagerada representación de las fuerzas centrífugas, cuyos frutos en el tiempo no dejamos de padecer desde el último y débil Gobierno de Rajoy. Aquel arco parlamentario, votado ya con plena libertad, debió convocar elecciones para otras Cortes Constituyentes, como mandan los cánones democráticos, y no erigirse en redactor de un proyecto de Carta Magna mediante unas comisiones con presencia determinante de los nacionalistas mientras fuera las metralletas etarras humeaban a diario.

El pueblo español no eligió Cortes para que alumbrasen una Constitución. Puede que si se les hubiera encargado tal menester los resultados hubiesen sido distintos. En todo caso, aquellos legisladores tuvieron en su mano elaborar una Ley Electoral mejor que la vigente y no lo hicieron.

Resulta obvio que las Cortes actuales tampoco son constituyentes. Por lo tanto, hablar de crisis constituyente vuelve a sonar a autoerección de poder tal. La extrema izquierda española, junto a los separatistas y filoetarras, jamás han tenido una oportunidad como la actual composición del Parlamento para introducir una “crisis constituyente”.

O sea, un cambio de régimen gradual. O como decía Alfonso Guerra del caso catalán, que subyace bajo todo esto, “un golpe de estado a cámara lenta”. Y Adolfo Suárez Illana no quiere bailar en esa danza siniestra.

Buenos días.

Quiero explicarles por qué hoy he votado en conciencia, tal y como permiten los Estatutos del partido al que pertenezco. Vaya por delante que soy consciente de lo inusual de esta decisión y también de que el partido podrá tomar las decisiones que considere oportunas.

Explicar el voto significa explicar lo que a mi juicio se votaba y no se votaba hoy.

Hoy no se votaba el respaldo a los comportamientos execrables aludidos en el texto de la Proposición No de Ley. Tampoco se votaba la evidencia de que ninguno de ellos podrá nunca superar en crudeza el hecho mismo de la Guerra y la dictadura. Mucho menos se votaba la convalidación de la dictadura misma. Y tampoco la propuesta venía de la mano de defensores de la vida y la libertad, sino más bien al contrario.

Hoy se votaba una Proposición no de Ley tramposa, engañosa, en la que tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende hacer saltar la Constitución. Y para ello, se pretende meter en el mismo saco todas las decisiones que quienes la alumbraron debieron tomar para lograr el mayor período de paz y prosperidad que, a pesar de todo y a pesar de algunos, hemos disfrutado.

Hoy se pretendía iniciar un camino de destrucción de la convivencia entre españoles, imputando al conjunto del pueblo español responsabilidades por actos que ni conoce ni aprueba, no muy distintos de aquellos que varios firmantes de esta proposición se niegan a condenar, que sí conocen y que sí aprueban; y mezclándolos con otros cuya complejidad jurídica, política y moral ni se entiende ni se respeta en este texto.

Comprenderán que personalmente no puedo avalar un atropello semejante, una trampa de estas características y con una capacidad destructiva de la escasa concordia que lamentablemente nos queda ya en España.

Añado mi sorpresa por el desconocimiento que muchos parecen tener de las implicaciones prácticas que tuvo para la izquierda el sincero proceso de reconciliación y la amnistía, como abrazo y reencuentro entre españoles.

Es indiscutible que cualquier país debe poder tener una conversación sobre su sistema constitucional, pero no sobre la base de la deslegitimación y la aniquilacióncívica del contrario.

Y añado algo más: una cosa es cambiar «la» Constitución y otra muy distinta pretender cambiar «de» Constitución. A lo primero no hay nada que objetar, pero a lo segundo, sí. Porque lo primero implica reconocer la legitimidad de la Constitución, que prevé su propio proceso de reforma, pero lo segundo lleva aparejada la deslegitimación de la Constitución y su destrucción.

Las inquietantes palabras del ministro de Justicia, por ejemplo, hablando de una crisis constituyente, serían respetables y, sobre todo legítimas, solo en la medida en que le avala la Constitución misma con la que formalmente está comprometido. Yo podré discrepar de ellas, precisa-mente porque tenemos Constitución. Y si no fuera porque en su momento hubo quien tuvo la altura de miras para alumbrarla, no podríamos dialogar al respecto, buscando resolver los problemas y las discrepancias a través de la concordia y no a través de la aniquilación del contrario, que es lo que algunos de los impulsores de esta proposición vienen haciendo durante décadas.

Ánimo de ruptura y de conflicto social es, precisamente, lo que respalda esta iniciativa. Y yo a eso digo no.

Lo último que necesita España es que quienes han erigido a ETA en faro moral de la verdadera democracia, pretendan sembrar dudas sobre su compromiso con los valores y los principios que declara en su Norma Fundamental.

Para preservar la calidad de nuestra democracia, es mucho más urgente que esta Cámara solicite del vicepresidente segundo una retractación pública de su idea de que «ETA y la izquierda vasca fueron los primeros en haberse dado cuenta de que la Constitución no instauró en España una auténtica democracia».

Sin eso, entre otras muchas cosas, no solo es legítimo sino obligado pensar que esta iniciativa pretende cualquier cosa menos fortalecer la democracia en cuya defensa han muerto muchos españoles ante la indiferencia o incluso el insulto y el desprecio de muchos de los promotores de este texto.

Por todo esto, yo digo no. Muchas gracias.