El pasado domingo, día 17, tuvo lugar en Madrid una manifestación a la que asistieron entre 2.500 y 3.000 personas para protestar por el uso de las mascarillas y la aplicación de las medidas dispuestas por el Gobierno para luchar contra el Covid-19, con el argumento de que la pandemia es una farsa.

Los participantes no guardaban la distancia de seguridad ni, en su mayoría, hacían uso de las mascarillas y coreaban consignas tales como: «Libertad, libertad», «Falsos test, falsos positivos», «No somos delincuentes, queremos respirar» o «Televisión, manipula-ión».

Entre los impulsores de la protesta están Miguel Bosé y un tal Fernando Vizcaíno, profesor valenciano de yoga y creador del canal de youtube ReVelión en la Granja, cerrado hace unos días por la plataforma. Según su teoría, el Covid-19 habría sido inoculado a la población a través de la vacuna de la gripe.

«La gente que ha muerto realmente por esta nueva sintomatología, la tormenta de citoquinas, los trombos en los pulmones, lo han hecho por lo que han inyectado con las vacunas de la gripe. Está más que comprobado. Y los que no han muerto directamente por eso, han muerto por ser entubados y ampliar la sintomatología provocada por esta toxina, este veneno que han introducido a través de las agujas en el cuerpo de nuestros ancianos y seguramente de algunos médicos», decía el 14 de agosto en un vídeo en el que animaba a acudir a Madrid.

La manifestación había sido autorizada por la Delegación del Gobierno, a cuyo frente se encuentra José Manuel Franco, que es también secretario general del PSOE de Madrid, argumentando que los convocantes «garantizan en su escrito la distancia social, incluso dicen que habrá personas recordándolo con carteles». El delegado, que tras celebrarse la manifestación en las condiciones en las que se desarrolló dice que «sancionará con la máxima dureza a los manifestantes antimascarillas» y que «es absolutamente inaceptable lo que allí sucedió, es gravísimo», para su autorización adujo que «en principio no debería haber ningún motivo para prohibir dicha concentración».

Asimismo, ha manifestado que no se plantearon disolver la manifestación ante la ausencia de mascarillas entre los asistentes, porque «el remedio podía ser peor que la enfermedad», y ha defendido la necesidad de actuar «con objetividad, con mesura, con sentido común y, sobre todo, con proporcionalidad». Vamos, lo de siempre en estos casos.

La concentración tenía permiso de 18.00 a 19.00 horas, sin embargo, un grupo bastante numeroso permaneció en la plaza de Colón hasta casi las 21.00 horas pese a la insistencia de la Policía para que desalojaran. Incluso provocando a los agentes y, en algún caso, arrojándoles agua, como se ha podido ver en algunas imágenes en televisión.

La cuestión es que, con el precedente que tenemos en las consecuencias de las manifestaciones celebradas el día 8 de marzo o en la plaza de toros de Vistalegre, ¿se puede correr el riesgo de una oleada de nuevos contagios tras esta manifestación multitudinaria del domingo? ¿Nadie desde el Ministerio del Interior o del de Sanidad, por ejemplo, que son de su mismo partido político, pudo llamar al delegado para decirle que ni de broma se le ocurriera autorizarla?

En el permiso para esta manifestación, con los precedentes existentes a los que ya hemos hecho alusión, la triste experiencia acumulada, los dramas vividos y los riesgos evidentes, ¿se ha pecado de imprevisión, de irresponsabilidad, de ingenuidad creyéndose las razones y los compromisos de los organizadores o ha habido otros motivos?

Cuando, dentro de doce o catorce días, aumente el número de contagios en Madrid, ¿quién asumirá las responsabilidades? ¿Las asumirá la Delegación del Gobierno que ha dado la autorización o se las atribuirán al Gobierno de la Comunidad, dado que el aumento de los casos se producirá en Madrid? Porque esas 3.000 personas, cuando terminó la concentración, se desplazarían a diferentes lugares de la capital y utilizarían el metro o los autobuses y entonces, y en los días sucesivos, contactarán con más personas a las que, los que sean portadores del virus, contagiarán y se propagará la enfermedad hasta un número difícilmente calculable.

Entonces empezarán los reproches y las recriminaciones. Se recordará que después de la anterior oleada se interpuso una demanda o denuncia contra el delegado del Gobierno responsabilizándole de parte de lo ocurrido por haber autorizado las manifestaciones del 8 de marzo, denuncia que fue desestimada por no encontrar los jueces motivos para esa acusación.

Y ahora, ¿qué?, ¿cómo reaccionarán y con qué objetivos los diferentes grupos políticos? Conviene no olvidar que el delegado del Gobierno, en su condición de secretario general del PSOE de Madrid, en su propósito para hacer caer al actual Gobierno de la Comunidad, instó a los alcaldes de su partido a «seguir explotando el tema de las residencias». Afirmó abiertamente:

«Tenemos que seguir explorando las contradicciones entre los consejeros de Ayuso. Entendedme, tenemos que retorcer el tema de las residencias y que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la nación porque las competencias son autonómicas».

¿Cuál será ahora la actitud de los grupos políticos y de los gobiernos central, autonómicos y municipales? Esperemos, aunque no confiemos demasiado en ello, en que cada cual asuma las responsabilidades que en realidad y en justicia les corresponda y no supediten a sus intereses partidistas la salud y la vida de los ciudadanos.

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