Cumplidos, los días 16 y 17 de noviembre del corriente año 2023, los actos previstos en el artículo 99 de la Constitución española de 1978, el Congreso de los Diputados otorgó su confianza a don Pedro Sánchez y Pérez-Castejón, por 179 síes frente a 171 noes, para su investidura como presidente del Gobierno que, con la colaboración del Rey, habrá de formar.

Dicho así, todo esto parece normal. Sin embargo, las anomalías que en este proceso se observan están produciendo una grave alarma social, según muestran los escritos de las asociaciones de jueces, fiscales y otras muchas y diversas instituciones, además de las multitudinarias y cotidianas manifestaciones en las calles.

Ocurre que el PSOE, ya muy desacreditado por la anterior gobernanza del señor Sánchez, se presentó a las elecciones generales del 23 de julio con un programa en el que no constaba, ni parecía previsible, la concesión (siempre negada antes) de la amnistía que después manifiesta haber pactado con los catalanes sediciosos de Junts, y compañía, en favor de todos los implicados en el separatismo actuado el 1 de octubre de 2017. La sensación de fraude electoral que esto conlleva se agrava al saberse que, según hemos visto manifestar estos días a un interlocutor de Junts, dicho pacto se estaba negociando desde el mes de marzo ¡...!, cuando todavía los dirigentes del PSOE afirmaban rotundamente que dicha amnistía era inconstitucional.

A ello se une que, pese a sus ocultamientos y añagazas previas, en dichas elecciones el PSOE sólo obtuvo 121 escaños del Congreso de los Diputados. Una exigua minoría, inferior a los 137 del PP. Pero el señor Sánchez se dijo ganador desde el primer día, asegurando que el señor Núñez Feijóo, que reunía 171 votos con los de VOX y de UPN, no conseguiría ser investido. Y así fue; lo cual confirma que Sánchez tenía sus ocultos pactos adelantados. Fracasada, pues, la investidura del señor Núñez Feijóo, fue investido el señor Sánchez sin tener que hacer nada más (y nada menos) que aceptar las exigencias separatistas de Junts, Esquerra, PNV y Bildu, además de las de algunos otros partidos que, aprovechando la ocasión, también se han aprestado a sacar tajada. Esto ha producido una generalizada sensación de que los votos amontonados en favor de esta investidura se han logrado mediante un ignominioso mercadeo en el que el señor Sánchez adquiere su Poder y beneficio particular a costa de la unidad de España, de la separación de Poderes, de la igualdad ante la ley y de la corrupción de otras instituciones que, afectadas por esta especie de liquidación nacional, quedarán, si tales pactos se cumplen, anuladas o desacreditadas.

Para más inri, el texto de la propuesta ley de amnistía se dice elaborado en colaboración con los mismos sediciosos y con el señor Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional. Pero, con ser muy grave todo esto, parece serlo más que la ley de amnistía que se apruebe con tan extraña mayoría del Congreso, y cualquier otra que el señor Sánchez proponga, puede pasar por constitucional, dada su previsora ocupación del Tribunal Constitucional (considerado el guardián garante de la Constitución) por quienes, como el señor Conde-Pumpido, se dijeron favorables a manchar sus togas con el polvo del camino. Además ya se sabe de quien depende la Fiscalía del Estado.

Estas circunstancias, y algunas otras que desde ellas pueden generarse (incluso no sé qué muro), parecen posibilitar la impune y antidemocrática actuación sectaria del señor Sánchez. Alguien que parece no concebir que, por no hacer todas estas cosas, se renuncie a ser presidente del Gobierno. Un cargo cuya conservación, en este caso, implica el complacer a los sediciosos amnistiados, tendentes a liquidar la unidad de España y la igualdad y solidaridad entre los españoles. Es tremendo: sólo colaborando con los sediciosos en la deconstrucción de la España constitucional que juró defender puede mantenerse en el Gobierno. Nadie parece creerse, por mucho que se repita, que todo lo hace por el bien de España. Ya don Oscar Puente, uno de sus nuevos ministros, admite que si no lo hubieran necesitado para conseguir la mayoría parlamentaria probablemente no lo hubieran hecho.

Lo que en los escritos institucionales y en la calle se ve es una gran alarma. Alarma el deterioro que de la política y de toda la vida española conlleva esa egoísta concesión de privilegios a cambio de apoyos, y extraña y alarma que todos los diputados socialistas lo aplaudan y voten. Porque, vamos a ver, ¿acaso hay en España alguna derecha que, sin contar sus pretensiones soberanistas y de otros tipos, sea más contraria al socialismo que Junts o el PNV? ¿Quiénes son las derechas socioeconómicas extremas en sus comunidades? Que los socialistas voten en pro de esa amnistía y de todo lo que conlleva sólo resulta egoístamente comprensible en Cataluña y en el País Vasco, donde pueden pensar que serán ellos quienes gobiernen dentro de poco. En dichas comunidades quizás sean Junts y el PNV, dicho sea de paso, quienes tendrían que preguntarse a dónde van por ese camino.

Ese extraño comportamiento socialista quizás se deba en parte a la discrecionalidad con que los jefes de partido, en general, abusan de la voluntad de sus votantes y de sus diputados electos. Éstos, según la Constitución de 1978 (Art. 67.2) se dicen libres de mandato imperativo, pero resulta que sólo lo están del de sus votantes, cuyo voto en favor de un programa se desatiende sin problemas si el jefe del partido (sin derecho a mandato, pero con el de disciplina) manda votar otra cosa, que puede ser en exclusivo provecho propio. Un fallo de la llamada representación nacional que parece entrañar realmente, junto a estas posibles consecuencias, una oligárquica y partitocrática tomadura de pelo.

Por otra parte, quizás convenga recordar también que la tendencia a considerar muerto a Montesquieu y a ocupar el Poder Judicial, hecho necesario y fundamental implícito en la proyectada amnistía, no es nueva en el PSOE. Es una sombra que oscurece su pregonada socialdemocracia. Sólo que el entierro de Montesquieu, la reunión en el Ejecutivo de los tres poderes del Estado, puede aplicarse a distintas actuaciones; y en este caso se aplica a saciar los espurios intereses de los sediciosos, en cuyas manos está el privar al Ejecutivo socialista de su mayoría en el Legislativo. Es decir, o el señor Sánchez y su gente les complacen o pierden su mayoría y su Poder. Esto es alarmante, pero también lo sería que realmente los socialistas hayan asumido como bueno el desastre que parece conllevar la amnistía, el referéndum y las demás compensaciones que se dicen comprometidas para esta investidura.

¿Será verdad que todos los diputados socialistas duermen tranquilos así? ¿Qué sentirán muchos de sus, hasta ahora, votantes?

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