Parece evidente que cada persona, dentro de sus circunstancias, decide sus actos libremente. Ni ella puede eludir esta responsabilidad ni nadie puede impedírselo. Y esto es así en el ámbito privado y en el público. En cualquier régimen tendrá que optar. En democracia, cada persona decide su voto en secreto, a solas con su conciencia. La coincidencia de los más en una opción da lugar a la llamada mayoría decisoria. Pero las decisiones de este agregado mayoritario de personas deberán seguir siendo tomadas por la concurrencia mayoritaria de opciones personales. Y todo ello deberá producirse dentro del ordenamiento jurídico vigente, que es una común circunstancia predeterminada por decisiones que habían tomado quienes, con derecho a ello, eran los más en su momento.

Estos hechos indican que es fundamental cuidar la formación de las personas, ya que de ellas dependen, en última instancia, la moralidad y el acierto de las decisiones sociales atribuidas a las instituciones. Parece indispensable inculcar el respeto de las personas a lo legal, que, según reza el Diccionario de la lengua española de la RAE (Real Academia de la Lengua) es lo «Prescrito por la ley y conforme a ella». Pero aún más, si cabe, es preciso procurar el voluntario deseo personal de actuar bien dentro de lo legítimo, que según dicho Diccionario es lo «Conforme a las leyes׃. Es el campo de lo que, estando dentro de lo legal, puede no estar prescrito, ni obligado ni prohibido por las leyes. Se trata de las acciones que la ley permite hacer y no hacer, ni las obliga ni las prohíbe, están implícitamente autorizadas, y quedan sometidas a la privada valoración y juicio personal.

Al obrar con esa discrecionalidad, cada cual es responsable de sus actos, sea en el ámbito personal, familiar o social. Nuestro deber es auto-limitar nuestro obrar a lo que estimamos lícito, que, según el citado Diccionario, es lo «Justo, permitido, según justicia y razón». Es decir, no sólo hay que atender a si lo que deseamos hacer es permitido, en el sentido de no obligado ni prohibido por ley, sino también a si en conciencia nos parece justo y razonable. Como diría Séneca, El honor prohíbe acciones que la ley tolera. Y esta apreciación, que siempre es básicamente personal, resulta decisiva en lo cotidiano y lo privado, que es el ámbito en que se desarrolla la mayor parte de casi todas las vidas humanas. Para hacerse una idea bastará que cada cual imagine la de cosas que decide y hace todos los días sin contar con lo que establecen las leyes.

Pero esta zona de libertades personales es también, precisamente por serlo, la de la mayor parte de los abusos. Y esto no sólo por personas privadas, sino también, y esto es muy grave, por parte de personajes que actúan en instituciones públicas y que no parecen cuidarse de si lo que deciden o toleran es lícito o no. Ejemplos de ello pueden ser los indultos concedidos a ciertos separatistas por los componentes del actual Gobierno; sus pactos con separatistas y con filo-terroristas; sus nombramientos de ministros partidistas para la Fiscalía General del Estado; su insinuada intención de utilizar el Tribunal Constitucional; su sobreabundante empleo del Decreto-ley; o, entre otras cosas, en unos el incluir y en otros el tolerar, la inclusión de históricos y conocidos terroristas en las listas electorales; o las envilecedoras y ventajistas, donaciones de diverso tipo, con dinero ajeno, que tanto se prodigan en estas vísperas de elecciones. En fin, la relación podría ser muy larga.

Ocurre así que esta zona de libertades, tan indispensable para el desarrollo de la persona y de la vida humana, se ensombrece con imágenes abusivas, cuyos más graves casos se deben a los poderes públicos. Pero siendo éstos quienes pueden corregirlo, en lugar de restringir su propia discrecionalidad la mantienen, orientando la corrección hacia los, también existentes, abusos privados. Y, en esa acción correctora y supuestamente preventiva de ellos, el Gobierno introduce prohibiciones y obligaciones legales en ámbitos sociales antes libres de ellas, que así quedan cada vez más reducidos. Es un afán interventor que parece sentirse o reflejarse al escribir, con extraña redundancia, «prohibición obligatoria», cual si se quisiera reforzar el carácter prohibidor de la norma citada en la siguiente imagen del teletexto de TVE:

Sin entrar en su necesidad y/o posible efectividad, esta norma parece implicar cierta desconfianza respecto a la voluntad y capacidad de los afectados para decidir cuándo y cómo pueden y deben realizar sus tareas. No parece cosa fácil evaluar todos los factores que se citan, y sólo con buena voluntad, sin necesidad de prohibiciones u obligaciones legales, parece posible evitar abusos de una y otra parte. Como dice la romana sentencia latina (Leges sine moribus vanae), las leyes sin las costumbres conformes a ellas son vanas. Se puede cumplir la ley y carecer de virtud social. Así se sugiere también al decir, hecha la ley, hecha la trampa. En esto, como en casi todo, es la moral de las personas, más que las leyes, lo decisivo para el logro de la justicia y el acierto.

En conclusión, parece preciso poner a salvo de intervenciones innecesarias la libertad y dignidad de las personas; orientar el social esfuerzo perfectivo a su formación moral; ellas son, en última instancia, quienes mueven el quehacer social e institucional; su acción se muestra indispensable para superar las actuales crisis políticas, sociales y demás, que parecen derivar de la crisis moral promovida y potenciada por quienes, en una especie de mesianismo del caos, se dedican, dentro y fuera de España, a deconstruir la cultura y valores existentes; para salvar y actualizar éstos valores, es fundamental manifestar con valentía nuestra verdad moral, rechazar la mentira y procurar la orientación del ser humano y de su actividad hacia lo estimado óptimo. Esto vale la pena siempre, porque, como diría Kant, aunque la moral no nos enseñe a ser felices, y aunque con ella no consigamos serlo, es seguro que nos ayudará a merecerlo, y el intentarlo es en sí mismo un logro ilusionante y esperanzador.

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