Oligopolio es un término propio de la ciencia económica definido como concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas, es decir, una forma de mercado en la que sólo unos pocos venden el mismo bien o servicio con el peligro, generalmente confirmado, de manipulación de precios en colusión contra el comprador o usuario final en un ámbito de falsa competencia.

En conferencia pronunciada en mayo del año en curso, el economista y profesor José María Gay de Liébana, plantea que el dramático descuadre de las cuentas del Estado, debido a la pésima e ineficaz gestión presupuestaria que venimos arrastrando, podría resolverse en gran medida «si somos capaces de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que consume cerca de 25.000 millones de euros al año».

El profesor Gay de Liébana definía en dicha conferencia como industria política a la masa de paniguados, “expertos”, recomendados, profesionales del “qué hay de lo mío”, pretendidos asesores, etc., que trufa los órganos del Gobierno y de las empresas públicas, recordando que existe en España un cuerpo funcionarial competente, eficaz e imprescindible.

No cabe duda de que la opinión de este “experto”, que desde luego lo es, no como los otros, está basada en el más diáfano sentido común.
Sin embargo, entendiendo y compartiendo el sentido de lo expuesto por el profesor, sería más exacto hablar de industria partidista, o quizá mejor, de industria partidocrática, y no de industria política.

Hay que negar el noble término de político a los vulgares partidócratas, elementos que intentan llegar o han llegado a posiciones de poder por medio de un partido, sin más credenciales que sumisión perruna a la superioridad y compromiso con la mentira si ésta beneficia al partido: el partido lo es todo, sobre todo instrumento de medro personal y social del partidócrata.

Por desgracia, en España no hay política fuera de unos partidos, que si mucho tiempo atrás habían sido soporte operativo de diferentes ideas, han dejado actualmente de serlo, pues en la práctica, tanto los de izquierdas como los de derechas, no son sino ejecutores de órdenes y normas procedentes de poderes mundialistas, en virtud de las cuales someten a obligada y continua adaptación sus respectivos fundamentos ideológicos.

Esto es lo que, en la práctica, ofrece la costosísima industria partidocrática al elector español. Y si algún atrevido propone algo diferente, los industriales le descalificarán como enemigo de la democracia y de la libertad, valores que administran en régimen de oligopolio, término descrito en las líneas iniciales de este artículo.

25.000.000.000 € (veinticinco mil millones de euros) es pues el precio que pagamos los españoles para que el oligopolio industrial partidocrático nos surta de democracia.

A la vista de la calidad del producto, parece indispensable buscar otros proveedores, que “quien busca, encuentra “ (Mateo, 7:7-11).