El campo: estamos liquidando la mayor riqueza de España

No tengo ninguna duda de que las protestas del agro español son absolutamente justas. Sin pretensión de ser exhaustivos, quisiera señalar algunas de las causas que obligan al campo español a ponerse en pie de guerra.

• Los impuestos.
• El relato político ideológico: el pijoecologismo, el animalismo y el cambio climático.
• Las actuaciones políticas y otros costes.
• La carencia de infraestructuras públicas.
• La competencia desleal de terceros países.

Hay, sin embargo, un intento de desviar la atención de los problemas reales con la afirmación de que el precio que se paga en origen se multiplica enormemente al trasladarlo al consumidor final, culpabilizando a los “intermediarios” que, según cuentan, se enriquecen sin hacer nada. En realidad esos intermediarios son los transportistas, empresas de comercialización, de exportación, almacenes, cooperativas, industrias alimentarias, mataderos, salas de despiece, maquilas, bares, restaurantes, supermercados, etc. Todos ellos imprescindibles y, lógicamente, también necesitan ganarse la vida, seguir invirtiendo y creando empleo. Al final los precios los marca la ley de la oferta y la demanda. Si los agricultores y ganaderos cobrasen más sería imposible que los ciudadanos pudiéramos adquirir sus productos, salvo que todos nosotros fuéramos a comprarlos directamente al payés, lo cual es inviable y, todavía, sería mucho más costoso.

El negocio de los intermediarios

Por poner un ejemplo: Mercadona ha obtenido este año 718 millones de beneficio. Parece una barbaridad, pero en realidad significa que de cada 100 euros de venta han ganado 2.5 euros, habiendo perdido margen a pesar del aumento de los precios. Con este resultado, la empresa puede acometer nuevas inversiones que generan riqueza y empleo, y, de hecho, lo hacen, y se aseguran el porvenir por si vienen vacas flacas. Estos datos que han publicado, coinciden con la información directa que tengo de otros supermercados, aunque con la matización de que todos son mucho más pequeños y, por tanto, obtienen muchas menos ganancias al no beneficiarse de la reducción de costes por volumen. Otros ni siquiera eso, porque acaban cerrando por no poder aguantar las pérdidas.

Explican, también, que el Estado ha recibido de Mercadona 2.263 millones. Y esto ya son palabras mayores, máxime teniendo en cuenta que las haciendas públicas no asumen ninguna inversión y ningún riesgo. Téngase en cuenta que un supermercado liquida a la Hacienda pública, aproximadamente, un 12% de sus ingresos como media por el IVA, un 15% de IRPF de los salarios, un 25% de los beneficios, entre un 19 y un 23% de los dividendos, un 35% de los salarios para la Seguridad Social, además de los impuestos por los carburantes, electricidad, IBI, IAE, seguros, etcétera.

Los impuestos

No hace falta incidir en que los impuestos que todas las empresas soportan, y por repercusión todos los ciudadanos, afectan también a ganaderos y agricultores. Directa e indirectamente lo sufren.

El relato ideológico

El relato ideológico es fundamental ya que es necesario justificar las políticas para que, la mayoría de los votantes (que no lo olvidemos, somos urbanitas), estén  convencidos de su bondad.

• El animalismo. Está calando cada día más la idea de que los animales tienen derechos que hay que defender. Y, por tanto, los cazadores y los ganaderos se convierten en poco menos que asesinos, cuando, en realidad, la gran mayoría de ellos lo que hacen es garantizar la continuidad de la naturaleza.
• El cambio climático. Esta idea también sirven para criminalizar la actividad agraria y ganadera. En el siglo XIX, Malthus vaticinó que la humanidad pasaría hambre en su totalidad ya que la población crecía geométricamente y la alimentación aritméticamente. Se equivocó de lleno ya que, si bien la población ha crecido según esos parámetros, la alimentación también, gracias sobre todo, a que las explotaciones del campo han sido muy eficientes. La ideología climática culpabiliza a estas actividades, a pesar de que han permitido que nuestras despensas estén llenas, de hacer daño al planeta. Se instala la idea que predica un ecologismo dirigido por urbanitas que, en realidad, lo ignoran todo. La Agenda 2.030 se convierte en un escudo para justificarlo todo.
• La explotación laboral. Se trata de una actividad que necesita una exigencia física importante. Es muy duro el trabajo del campo. Y por tanto, este es un factor que ahuyenta a muchas personas. El hecho de que, actualmente, la mayoría de los contratados sean personas de origen extranjero nos hace creer que existe una explotación laboral generalizada.
• Las declaraciones de los ministros. Cuando un ministro como Garzón habla de que la carne española que se exporta es de baja calidad, cuando otra como Yolanda afirma que hay que trabajar menos para tener más vida, cuando otra como Ribera culpa a actividades agrarias de la falta de agua en algunas zonas… Las declaraciones y los silencios. Todavía no he escuchado una réplica de ningún ministro a las injustas palabras de la señora Royal sobre los tomates españoles. Estas cosas se van interiorizando y perjudican a todos.
• El decrecimiento económico. Todo se agrava, cuando la extrema izquierda (en el poder en España con Podemos antes y ahora con Sumar) declara abiertamente de tener como objetivo el decrecimiento económico pava “vivir mejor” y “salvar al planeta”.

Las actuaciones políticas y otros costes

Todo este relato justifica acciones concretas, que, claramente perjudican la actividad. Como muestra algunos botones:

• Animales salvajes. La protección de los lobos, osos, jabalíes, ratas, topos y todo tipo de animales salvajes, llegan a extremos que hacen inviables muchas explotaciones ganaderas y agrícolas (matan ovejas, destruyen sembrados…)
• Bienestar animal. Esta ley, en la práctica, obliga a reducir la producción de pollos y reducir la cabaña de animales vacunos, etc.  Es decir aumentar los costes.
• Limitaciones de la Unión Europea. Sobre tipos de abonos, formas de cultivo, productos a sembrar, cultivos a limitar, cepas a arrancar… Es decir, aumentar los costes. Probablemente, éste sea el principal problema para el campo.
• Agua. No existe un plan hidráulico nacional que permita distribuir mejor el agua para el cultivo y para el consumo (incluso para el recreo). Cada comunidad autónoma considera que “su” agua es de su propiedad y no quiere cederla. Se ha llegado al extremo de que, por ejemplo, en las tierras catalanas del Ebro se ha alzado la voz en contra de que se trasvasara el agua de este río a Barcelona. Además se están destruyendo pantanos
• Renovables. Las subvenciones que reciben las compañías para las energías renovables (via impuestos que pagamos todos) permiten que puedan ir adquiriendo terrenos sin trabas para colocar molinillos de viento sin planificación, que destruyen el paisaje y cercenan la población de aves (estos animales no merecen protección, caray) y he sido testigo de cómo las placas solares de Iberdrola están sustituyendo a los sembrados y olivares de Granada, en unas extensiones que asustan.
• Incendios. La última idea de los pijoecologistas es que los bosques no deben limpiarse, que deben crecer naturalmente. Los pirómanos, agradecidos, les envían una felicitación cada Navidad.
• Madera. Los árboles más rentable para la producción de madera (que lo son porque crecen más rápidamente) están demonizados y muy limitados. No creo que sea necesario explicar cuáles son las consecuencias.
• Costes laborales. La extinción del contrato laboral temporal es otro de los graves problemas que azotan a las pequeñas explotaciones, sobre todo. Muchos de los cultivos necesitan mucho personal para la recogida y muy poco para el resto del año. Los contratos temporales no eran un problema sino la solución. Ahora la contratación se complica enormemente.
• Suministros. El aumento de los precios del gasoil, de la electricidad y del agua, afectan notablemente a las explotaciones. Claro que estos suministros llevan un componente brutal de impuestos. Todos los ciudadanos lo sabemos, pero para ellos aumenta de forma exponencial.
• Intereses financieros. La subida de los intereses también es algo que todos sufrimos. Sin embargo hay que tener en cuenta, que para muchos agricultores la cosecha se cobra una sola vez al año, por lo que se necesita financiación hasta que llegan los ingresos –si es que llegan–.
• El tiempo. Este es el único de los problemas que persisten en el tiempo y que no tienen solución humana. Las lluvias, el sol, el granizo, las nieves… afectan a las cosechas. Pero ese riesgo se asume, aunque otro coste hay que incluir: las aseguradoras.

La carencia de infraestructuras

La vida en el campo no es que sea hoy más dura que antaño. Lo que sucede es que las expectativas personales se pueden cumplir más fácilmente en las ciudades. Por eso es necesario llenar de vida las zonas rurales. Que llegue internet a todos los lugares, que hayan buenas carreteras, que se facilite la educación y la sanidad, que la vivienda sea asequible y que no se añadan demasiados costes por la lejanía, que existan lugares de reunión comunal como son los bares, que se faciliten acomodos para pequeñas industrias alimentarias…

Que se creen esas infraestructuras es misión de los poderes públicos, bien sea por su actuación directa o por facilitar y promocionar que lo haga lo sociedad civil.

En mi experiencia personal, he visto como unos pueblos de la provincia de Granada, situados en una rica vega, con suficiente caudales de agua, se han ido deteriorando por falta de atención pública y privada. Los conocí llenos de vida hace casi 40 años, y ahora son lugares casi abandonados, deshabitados. He visto cómo los poderes públicos locales impedían actuaciones de progreso (con la excusa ecológica) y así se ha llegado a esta situación.

La competencia desleal de terceros países.

No soy, para nada, partidario de las limitaciones del comercio en general, y, por tanto, tampoco de las alimentarias. Especialmente si nos traen lo que aquí no producimos. Eso sí, siempre y cuando haya igualdad de condiciones.

Son injustas las quejas que vienen de Francia contra el campo español. España y Francia compiten en igualdad de las condiciones que marca la Unión Europea, y en todo el resto de trabas hay diferencias que no son sustanciales.

La queja, sin embargo, es justa cuando se denuncia las importaciones de terceros países, ajenos a la Unión Europea. Marruecos, Turquía y la India, por poner algunos ejemplos, invaden Europa con sus productos, sin que les exija las normativas limitadoras que los campesinos europeos no tienen más remedio que asumir. Y si a eso le añadimos que sus costes laborales y los impuestos que pagan son muchísimo menores, sale que sus productos pueden venderse a más bajo precio. Siendo una ventaja para el consumidor, se convierte en un problema para el agro de las naciones europeas.

 Y, para colmo, vemos que nuestro gobierno, el de España, ha concedido 250 millones de euros para que Marruecos cree infraestructuras para mejorar su producción agrícola, lo que no hace en España. Quizá algún día conozcamos las causas de tanta protección para el país vecino, por parte de nuestro presidente.

Conclusión

El problema del campo de hoy ya no es el que denunciaba José Antonio al proponer su reforma agraria. Entonces era preciso desmontar el capitalismo terrateniente, otorgar la propiedad al agricultor e inventariar las tierras de España para mejorar la capacidad productiva. Hoy, sin rechazar la posibilidad del inventario, la prioridad está en dar valor al campo y a los que lo trabajan, facilitarles la vida, poblar la España vaciada, reducir las cargas fiscales y abandonar las empobrecedoras políticas buenistas que nos llevan al decrecimiento económico. La Unión Europea, en general, y los gobiernos de España (nacional y autonómicos principalmente) en particular deben cambiar radicalmente sus actuaciones.

El campo es la mayor riqueza de España. Y la estamos liquidando.