Elogio al transfuguismo

Lo ocurrido con la moción de censura en Murcia invita a reflexionar sobre una cuestión teórica de gran calado. La conciencia moral de un diputado honesto percibe el dilema entre respetar la voluntad de quienes le eligieron u obedecer al aparato de su partido. Este le ordena ahora lo contrario del programa electoral, creído y aceptado por quienes le dieron el voto. En su interior luchan dos lealtades. ¿Qué lealtad debe prevalecer, la debida a quienes le votaron en la pasada elección, o la exigida ahora por el partido?

En el sistema español el votante coge de un mostrador la lista de su partido preferido y la mete en la urna. En la lista figura el nombre del diputado en cuestión. Pero el votante no se ha fijado siquiera en el nombre de ese diputado. Sólo cuenta que está en la lista. Tampoco sería capaz de identificarle, si es que lo ve en una fotografía. Simplemente supone que los que figuran en la lista cumplirán con las promesas electorales que ha hecho el partido. Lo que aprueba y apoya es justo el programa electoral que ha proclamado en público ese partido.

En el sistema ingles el votante conoce bien a quien vota. Sabe cómo se llama y lo reconoce en una fotografía. Hay una relación directa entre el elector y el diputado al que vota. En el sistema español la relación es indirecta. El nombre de un diputado que sale elegido figura en la lista que el ciudadano ha votado. Eso es todo.

Pero es suficiente. En ambos sistemas se da la misma responsabilidad del diputado elegido respecto a los votantes. En ambos casos el diputado elegido está obligado a respetar el programa electoral por el que ha sido votado. Si luego el partido cambia de idea y se aparta de ese programa, hay un claro engaño a los votantes. Y todo diputado que figura en la lista se hace corresponsable de ese fraude a los electores. Si es honesto, debe ser fiel a lo que decía el programa electoral. La objeción de conciencia es aquí pertinente.

En efecto, aparece en la conciencia del diputado honrado un conflicto moral. Si obedece a las nuevas consignas del partido, traiciona la lealtad debida a quienes le eligieron, aunque fuese sólo porque su nombre figuraba en una lista. Por el contrario, si quiere ser fiel a quienes le eligieron, tiene que enfrentarse a los dirigentes del partido, que exigen ciega obediencia y le amenazan con diferentes represalias y castigos.

En este conflicto debe prevalecer la lealtad a los electores frente a la obediencia al aparato del partido. Eso es una democracia sana y no enferma. Los partidos políticos están para servir al ciudadano. Cuando ocurre lo contrario, estamos ante la enfermedad de la política que se suele denominar «partitocracia». Los partidos políticos dejan de ser un medio o instrumento adecuado para vivir en libertad democrática. Más bien se convierten en un nuevo tirano, disfrazado además de demócrata. El nuevo déspota es la casta política, el conjunto de los partidos, los que viven de la política. No buscan el bien común, sino servir a los intereses de su partido, y con frecuencia también a los suyos propios. La partitocracia es una patología o degeneración del verdadero ideal democrático. Y siempre tiende a la corrupción, al robo descarado del dinero de los ciudadanos. Bien lo estamos comprobado en España.

Digamos lo mismo de otra manera. En el interior de los partidos políticos también debe existir democracia. Tendría que haber elecciones internas con suficientes garantías de libertad. Los cargos internos no pueden darse a dedo. La lacra de la partitocracia se impone al entero país en la misma medida en que no hay democracia interna dentro de los partidos políticos.

Por eso es tan antidemocrática la excesiva coacción que actualmente ejercen los partidos políticos sobre sus respectivos diputados en el Parlamento. Los diputados dejan incluso de ser ciudadanos con su propia responsabilidad personal. Degeneran en autómatas o robots, que obedecen sin rechistar.

El ejemplo máximo de esta aberración fue el miedo fríamente empleado por el partido comunista soviético. Stalin hacía sus purgas justo para eso, para intimidar y hacer automática la obediencia. Es patética la carta que le escribió Bujarin, uno de los purgados y compañero suyo cuando ambos se jugaban la vida como jóvenes revolucionarios. «Acepto que decidas mi muerte. Tienes derecho a hacerlo. Sólo te pido que me digas qué he hecho mal. Porque no logro entender cuál ha sido mi falta». Obviamente Stalin no le contestó. Hasta ese grado extremo de abyecta humillación llega la mentalidad comunista. El lavado de cerebro es tal que el militante reconoce a sus jefes el derecho a matarlo. Se enviaba este siniestro mensaje: si alguien es condenado a muerte sin motivo alguno, ya saben todos lo que le espera a quien se atreva a la más mínima desobediencia.

Sin duda los aparatos de los partidos políticos actuales en España no llegan a tanto. Aunque no por falta de ganas. Pero lo que está claro es que miedo lo hay, y mucho. Y es eficiente. De hecho son muy pocos los que se arriesgan a desobedecer por motivos de conciencia a lo que manda el aparato del partido, da igual si de derechas o de izquierdas. Hemos tenido que esperar hasta el disparate de Murcia para ver que un diputado se atreve a desobedecer a su partido.

Las palabras «tránsfuga» y «transfuguismo» tienen un sentido peyorativo en lenguaje ordinario. Se comprende que sea así, si pensamos en el ideal de una democracia sana, en que los programas electorales son cumplidos habitualmente y en un grado aceptable.

Pero, por desgracia, nuestra actual democracia no está sana. Padece la enfermedad de la partitocracia. Que los partidos políticos se pongan de acuerdo en un pacto antitransfuguismo es la mejor prueba de lo que estamos diciendo. Por eso surge en la conciencia de los diputados honrados el dilema señalado al principio. Y por eso, también en nuestra partitocracia actual, la desobediencia y el transfuguismo se han convertido en gestos honorables y dignos de todo elogio. Tras lo ocurrido en Murcia, un diputado de Ciudadanos que se pasa al PP sólo merece aplausos, por ser fiel a su conciencia. Su acción es noble y debe ser alabada. Y hasta suscita admiración en la medida en que se expone a las represalias antes aludidas. La desobediencia y el transfuguismo se convierten en lo verdaderamente democrático cuando el sistema político ha degenerado en una tiranía de la casta política, como la que ahora padecemos en España.

Ciertamente la transitoria y accidental bondad ética de los rebeldes y tránsfugas de nuestros días se afea en la medida en que haya alguna compensación o ventaja material por lo que hacen. Pero si actúan exclusivamente por lealtad a lo que prometieron a sus votantes, su gesto adquiere una elevada altura moral. Es justo lo que esperamos en estos momentos de los políticos honrados.

Lo innoble e indigno es el fraude hacia los electores que cometen los dirigentes de un partido que traiciona su programa electoral. De esa traición se hace corresponsable el diputado que no planta cara a sus jefes en esas precisas circunstancias.

Lo mismo cabría decir de la moción de censura con la que Sánchez desbancó a Rajoy, aunque en este caso nadie se atrevió a desobedecer. Sin duda la mayoría de los votantes socialistas desean la unidad de España. Pero Sánchez salió adelante gracias al voto de los que quieren destruir España. Todo diputado socialista honrado debió entonces sentir en su conciencia el dilema entre las dos lealtades de que hablábamos al principio. Quizá lo sigue sintiendo todavía en estos momentos, con lo que ha llovido después y continúa lloviendo.

En resumen, en la actual situación de la política en España eliminar el sentido peyorativo que ahora tienen las palabras «tránsfuga» y «transfuguismo» sería una formidable victoria contra la odiosa partitocracia que sufrimos. Y darles un sentido elogioso y laudatorio, cuando se traicionan las promesas electorales, sería un gran paso hacia la genuina y sana democracia que deseamos. Por de pronto, se crearía una inédita presión social para que los políticos sean fieles a sus programas electorales y dejen de engañar a los ciudadanos que les votan. Solo eso sería ya un gran paso hacia la verdadera y sana democracia.

El ideal es, por supuesto, que todas las personas que se dedican a la política fueran honestas y limpias en sus intenciones. Que no vayan a la política sólo para vivir de ella. Que busquen lo que siempre se ha entendido por la expresión «bien común». Que pongan el interés de los ciudadanos por encima de sus intereses personales y los del partido en que militan. Que los políticos sean para los ciudadanos, y no al revés. Que la sociedad sirva a la persona, y no al revés. Ese es el ideal de una democracia sana.

Si ese ideal se diese en la realidad, al menos en un nivel aceptable, entonces el sentido peyorativo de las palabras «tránsfuga» y «transfuguismo» estaría justificado. A menos que demuestren lo contrario, la presunción sería entonces que el desobediente o el tránsfuga han actuado por motivos interesados e innobles. Pero tan hermoso ideal no es precisamente el caso de España en el año 2021.