Emergencia y permanencia

Nos encontramos con una emergencia grave que requiere la actuación inmediata del Gobierno y de la sociedad, para superarla.

Cierto es también que repercute contundentemente en aspectos básicos de nuestra vida. En la realidad económica y social. Requiere medidas extraordinarias y acuerdos, para hacer frente a las necesidades de la salud, la sanidad, el paro, la financiación, el déficit, la deuda, la parálisis de la actividad económica…

Todo ello –aún siendo ineludible– no permite ignorar, ni demorar la acción del Estado y de las instituciones en lo que es la continuidad de la Nación y el orden constitucional. No puede ni debe repercutir en la merma de las libertades individuales o sociales o la representación democrática de la ciudadanía. No puede derivar en un intervencionismo de la libertad de expresión, la libre competencia de los mercados o la actividad económica.

Tentaciones partitocráticas

Cualquiera de estas «tentaciones», que se pueden producir desde ideologías totalitarias, tanto desde el social-comunismo, como de la extrema derecha, supondría un retroceso integral.

Sería lo mismo, que si una vivienda, porque se ha producido una grieta, la echáramos abajo o dejáramos sin reparar o sin atender su mantenimiento. Sería así peor el remedio que la enfermedad, porque tenemos que seguir viviendo a cubierto. ¿Y después qué?

Sin embargo, varios síntomas, nos llevan a sospechar que algunos propósitos manifiestos, conllevan el propósito solapado de cambiar el sistema, de destruir la casa, aprovechando la excepcionalidad de la pandemia.

Entre estos propósitos podemos señalar, la modificación de la Constitución al margen del proceso constitucionalmente establecido para ello; la modificación de las leyes orgánicas, por medio de la abusiva utilización de decretos, sin respetar las exigencias de urgente necesidad; el postergamiento de la presencia del rey en la política nacional, incluso admitiendo su crítica desde miembros del gobierno, con la escusa de la libertad de expresión; la consolidación y subordinación del pacto «frankestein» del gobierno con las fuerzas antisistema y el separatismo; la creación de una «mesa de diálogo» para tratar de una «solución política» al independentismo anticonstitucional catalán; el intento de condicionar el poder judicial con los indultos o el tratamiento carcelero privilegiado de los condenados del «proces»; el otorgamiento o tolerancia del ejercicio de competencias exclusivas del Estado (orden público, embajadas de las comunidades autónomas, educación, régimen penitenciario…); diversidad de «mesas de diálogo» de composición variopinta, eludiendo la representación democrática que radica en el parlamento y el senado; la creciente presión –no solo coordinación o ayuda– en la sanidad o la enseñanza privada; la implantación cauta y progresiva del adoctrinamiento de la juventud y la obstaculización de la libertad de los padres de decidir la educación moral de sus hijos; la «confiscación» de la «Caja de la Seguridad Social»; el incremento del aparato administrativo, empezando por las cuatro vicepresidencias, más de 20 ministerios, direcciones generales, gabinetes, miles de «asesores»… con el consiguiente incremento del coste; la degradación de la enseñanza, especialmente de la lengua española, la historia e incluso la geografía; la asfixiante propaganda y control de los medios de comunicación social, especialmente la televisión; la inexistente política internacional (aguas territoriales de España en Canarias frente a Marruecos y en Baleares frente a Argelia, Gibraltar ante el Brexit, embajadas catalanas, autodeterminación del Sahara, acercamiento a Venezuela, Nicaragua…).

Misión urgente y preferente

Todas estas desviaciones deben ser corregidas, poniendo el interés de España y de sus habitantes por encima de los objetivos partidistas. Es hora de integrarse en un esfuerzo común y renunciar a los dogmas ideológicos.

¿Cuáles son las tareas imperativamente necesarias?

En primer lugar, la consolidación y regeneración del sistema democrático constitucional, porque si destruimos la casa común, nos quedamos a la intemperie y ya nada será posible. Para ello hay que reforzar las instituciones del Estado, garantizando su independencia y esencia democrática.

No es una solución el falso objetivo de una «nueva realidad» porque ello supone como si la realidad anterior fuera estática y se pretendiera –así parece– sustituirla por otra igualmente inamovible (lo cual puede ser propósito de algunos). La esencia dentro de una persona, como más de una Nación es siempre dinámica; necesita permanentemente de su mantenimiento y de reforma para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Sustituir una realidad dinámica por otra estática es un proyecto reaccionario y totalitario.

No cabe delimitar las medidas a adoptar a la «reforma económico-social», dejando como coto privado la regeneración política que debiera ser objetivo antes, en y después de la pandemia, pues además de su urgencia debe ser un objetivo permanente y con participación de todos. Además, lo político, lo económico y lo social no tiene límites entre sí, si no que mutuamente se confunden y condicionan.

España tiene pendiente el fortalecimiento de su sistema parlamentario, que no puede ser sustituido por «mesas de diálogo»; la consolidación dinámica y permanente –pues no se mantienen por generación espontánea– de la corona, el Estado, las Fuerzas Armadas, como garantía de la unidad e integridad territorial de la Patria; la independencia del poder judicial, la definición inequívoca de las competencias exclusivas del Estado; la integración social y política de las comunidades autónomas; la financiación justa e igualitaria de las mismas; la simplificación administrativa; la reducción de su coste; la disminución de la presión fiscal; la recuperación estatal de la enseñanza…

Todo ello es base de la continuidad y la eficiencia nacional no puede posponerse.

Es misión urgente del Gobierno superar la pandemia, salvar vidas. Para ello hay que reformar el sistema sanitario, no solo ante la situación actual, si no atendiendo las experiencias y proveyendo el futuro. Estructura hospitalaria, farmacéutica, sanitaria, investigadora, de formación de personal. Es necesario una «leal» colaboración de la sanidad público-privada.

A ello se une –en la actual coyuntura– la situación socio-económica, que el «coronavirus» ha agravado. En primer lugar cabe afirmar que la crisis total en que nos encontramos difícilmente puede considerarse como consecuencia única de la epidemia, pues el incremento y descontrol del gasto, viene siendo advertido por los organismos internacionales y nacionales idóneos desde hace tiempo.

El paro, entre el oficial y la nueva realidad delos ERTE, lo acerca a los diez millones. El real es aún mayor pues no están computados los que no han logrado un empleo, o los jóvenes que han tenido que emigrar. Situación que viene agravada por la excesiva temporalidad, o los llamados «contratos basura». Según los últimos datos de Cáritas, en España hay seis millones de personas en exclusión social. La inmigración ilegal sigue incontrolada…

España prevé una deuda pública equivalente al 122% del PIB, cuando en el 2007 era del 36%. Se prevé también un decrecimiento del 30% de ingresos.

España necesita una inyección de capital de 140.000.000.000 de euros (La Razón 11 de mayo).

Ante esto se solicita un nuevo «Plan Marshall», pero este exige una financiación, que se pretende sea mutualizada, a ser posible a fondo perdido.

El tema es difícil porque los posibles financieros exigen su devolución y al menos un control de los gastos y detención del despilfarro (ya pasó en Grecia).

Europa finalmente está dispuesta a financiar, pero mediante créditos a través del EME a devolver a largo plazo y escaso interés y compra de deuda pública y de activos.A cambio, exige medidas estructurales, reducción de gastos y control de cuentas.

Esto contradice la política de parte del gobierno (dividido en esto). Como dice el economista Javier Morillas desde el Centro de Economía y Regulación se pretende «subvencionar parados, en vez de financiar empleos» y no se potencia la colaboración público-privada.

Se pretende crear una masa subvencionada y clientelar, sin valorar su coste, su duración y su sostenibilidad.

Como única solución se prevé un incremento expropiatorio de la presión fiscal que afectará a la clase media, garantía de la estabilidad social, provocará destrucción del ahorro y por tanto la inversión incrementará las diferencias sociales; en vez de relajar los impuestos con repercusión social.

Todo menos reducir gastos, con cuya medida,más el control de la evasión fiscal y de la economía sumergida e inversiones públicas productivas, bastaría para enderezar la situación.

Consideración final

Importante es no olvidar, entre tanto desbarajuste, la alarmante pérdida de la identidad nacional que todo ello agrava. Los proyectos de ley de modificación de la Memoria Histórica; de la eutanasia; el diálogo con quienes repiten su objetivo separatista; la ruptura de la igualdad de los españoles según sea su ubicación territorial; la no revisión de las leyes reguladoras del poder judicial para recuperar su independencia; de la ley de partidos políticos para integrarlos en la constitución, de la ley electoral, del Plan Hidrológico Nacional (el agua es de todos)…

España no puede dejar de respirar, sin que ello no repercuta en su futuro.

Su dinamismo reformista debe permitir su supervivencia.

España (su unidad y su progreso), Europa. Democracia. Eficiencia institucional. Desarrollo y Justicia Social, deben ser sus objetivos permanentes.