Uno de los objetivos que se ha fijado la coalición actualmente gobernante en España es la destrucción de la familia. No ya el proponer nuevas fórmulas o modelos, aunque sea eso lo que dicen, sino, bajo esa apariencia o pretexto, la destrucción completa de la familia como tal. Y en ello se están empeñando con todo entusiasmo o, mejor dicho, con todo el sectarismo de que son capaces.

Eso es así, porque en su fuero interno o con la presunción más claramente fundamentada en experiencias anteriores, tienen la convicción de que la actual oposición, cuando llegue a gobernar, no va a derogar tales leyes o, en todo caso, hará algunos ejercicios de maquillaje que, en definitiva, dejará las cosas más o menos en el lugar en que ellos las han colocado.

De hecho, cuando el Tribunal Constitucional, formado en la mayoría de sus nuevos miembros a plena satisfacción del Gobierno, ha resuelto el recurso sobre el aborto provocado presentado hace trece años por el partido al cual pertenece el actual líder de la oposición, éste, no sabemos si por convicción o por cálculo de estrategia política, ha respaldado la norma de manera explícita.

Estos son aspectos fundamentales que hemos de tener en cuenta, sea cual sea nuestra adscripción o ideología política, a la hora de emitir nuestro voto en las próximas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o nacionales. Y exigir a los candidatos que cumplan con lo que prometen, que no acudan a ciertas coaliciones o compadreos. Que tengan bien claro que a un cargo público se llega «para servir a» y no «para servirse de».

Los próximos futuros gobernantes, cuando lleguen al gobierno, han de demostrar a los actuales que quienes sostenían tal presunción erraban y que, sin complejos, son capaces, demostrándolo con hechos y no con palabras, de revertir esas leyes y preservar en el futuro, con las normas y las prácticas adecuadas, a la familia, institución básica en la sociedad, que ha de contar para su existencia y correcto funcionamiento con el apoyo y la protección del Estado.

Para quienes actualmente ocupan el poder, sin importarles cómo han llegado al mismo y qué se espera de ellos, no existe la posibilidad de alternativas diferentes, distintas opiniones, creencias o maneras de entender la vida. Tiene que ser lo que ellos quieren y como lo quieren. Y si no es así, se persigue con saña y se prohíbe cualquier otra idea, cualquier otra alternativa. Se pretende, y en buena medida se está consiguiendo, que los criterios o las ideologías de las minorías prevalezcan sobre las de la mayoría.

Por estos motivos o estas razones es por lo que se han lanzado con una velocidad de crucero a modificar las leyes existentes, con las que la sociedad española ha vivido más o menos armónicamente durante decenas de años. O, lo que es peor, a promulgar leyes tales como la del aborto, trans, de diversidad familiar, ideología de género, animalistas o concepciones reduccionistas de la persona, sin tener en cuenta o, incluso, menospreciando los informes y dictámenes emitidos desde el ámbito del Derecho. Saben que, en España, hagan lo que hagan, no va a ocurrir como lo acaecido en Perú con el presidente José Pedro Castillo.

Los miembros de la actual coalición gobernante en España tienen bien claro que, si dominan el ámbito educativo convirtiendo la educación en adoctrinamiento, dentro de veinte años tendrán una sociedad perfectamente moldeada y adaptada a sus postulados. Por esa razón quieren, a toda costa, controlar la educación pública y ahogar a la concertada y a la privada para que no haya posibilidades de oponerse a sus propósitos, aunque muchos de ellos incurran en la contradicción de escolarizar a sus hijos en centros privados e, incluso, religiosos. Nada es casual; todo es producto de una planificación que no es fruto de la improvisación o de unas tendencias o modas circunstanciales, aunque muchas veces de la sensación de que actúan por ocurrencias.

Se trata de eliminar del vocabulario y de la realidad familiar conceptos tales como fidelidad, respeto, autoridad, disciplina, compromiso, esfuerzo, sentido de la responsabilidad y del deber y promover el descrédito de los padres para establecer luego una dictadura como ocurre o ha ocurrido en las sociedades donde está o estuvo implantado el comunismo o cualquier sistema totalitario de corte semejante.

Las palabras tienen su valor y su importancia y los conceptos, frecuentemente, se entienden y asimilan en función de los términos empleados. Y en esto, como en tantas otras cosas, hay una voluntad decidida de que la realidad sea modificada y se oriente en una sola dirección. Por eso, en buena parte de la normativa legal, tanto nacional como de las diferentes Comunidades Autónomas, ya no se emplea el término «matrimonio», sino el de «pareja» y la Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, publicada en el BOE de fecha 3 de marzo de 2006, sobre modificación de modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia, en su artículo 4º puntos 1º y 2º, se establecía: «La expresión “Padre” se sustituirá por la de “Progenitor A”, y la expresión “Madre” por la de “Progenitor B”» y «La referencia al “Matrimonio de los padres” se sustituirá por la de “Matrimonio de los progenitores”», respectivamente.

Incluso, de hecho, en la nueva ley de familia, dentro de los dieciséis tipos propuestos, se denomina con esta categoría a las personas solas. Tradicionalmente se ha considerado que una familia –la nuclear, pues también existe la extensa– era la compuesta por dos personas adultas, hombre y mujer, y los menores a su cargo. Si se quiere, también entrarían en este concepto y en esta realidad las unidades de un adulto –casos de soltería, viudedad, divorcio, adopción, etc. y los menores bajo su responsabilidad, aunque, en circunstancias normales y teniendo en cuenta los casos excepcionales de desviaciones comportamentales, lo deseable ha sido con las referencias de padre y madre– y, hasta los casos de dos adultos, tradicionalmente también de diferente sexo, aún sin descendencia pues a ellos también se les dotaba del libro de familia. Pero, ¿una persona sola? Está claro que se pretende que la familia, como tal, como concepto y realidad, desaparezca para ser sustituido por otra realidad, incluso artificial, o, decididamente, suprimido. Como sostiene María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, «Si todo es familia, ya nada es familia».

Los gobernantes actuales no ocultan sus intenciones y cuentan con la apatía, la comodidad, la abulia, la indiferencia o el conformismo de una buena parte de la sociedad que está llegando a admitir como normal algo por el solo hecho de que, más bien más que menos, pueda ser relativamente frecuente.

La que fue ministra de Educación Isabel Celáa fue muy rotunda cuando afirmó que los hijos no son de los padres, ¿son, pues, del Estado que los adoctrina a su gusto? Y en la nueva ley de familias, propiciada por la podemita Ione Belarra, en el apartado dedicado a los contenidos de la denominada «diversidad familiar», ya se contempla la normativa tendente a que los padres o tutores de menores en edad escolar no tengan la posibilidad de excluir a sus hijos de cualquier clase, asignatura, acto informativo o actividad escolar que incluya contenidos sobre esa «diversidad familiar», que informe sobre familias no casadas, LGTBI o de cualquier otro tipo distinto al matrimonio heterosexual. Es el mecanismo que partidos como Vox denominan PIN parental y con el que intentan eludir estos contenidos en la escuela. ¿Dónde está el respeto a la libertad de elección en el ámbito educativo?

Pretenden que el Estado sea el que legisle sobre la vida y la muerte, sobre el aborto y la eutanasia y hasta sobre la naturaleza de la persona. Y se priva a los padres del derecho a actuar en el caso de hijas menores que decidan provocarse un aborto. Al mismo tiempo se penaliza a quienes, como los grupos porvida, intenten informar a esas menores sobre la realidad del aborto y las posibles alternativas mientras quedan impunes las actuaciones, frecuentemente violentas, de los mal llamados «piquetes informativos» en las huelgas. Quizá es porque se está tratando de identificar el número de abortos provocados (en España en torno a los cien mil al año) con libertad de la mujer. Se llega a convencer a algunas mujeres y a parte de la sociedad de que el embarazo es el problema y el aborto provocado la solución. Se da la paradoja de que ese no nacido, al que se le priva el derecho a vivir, puede ser sujeto del derecho a ser nombrado, mediante testamento y cuando todavía se encuentra en el seno materno, heredero de los bines de una persona.

Se tiende a eliminar el cometido y las responsabilidades de los padres, destruyendo principios básicos en la relación de la familia como tal. Es más, se tiende a que su figura quede relegada a algo casi meramente decorativo sin voz ni voto. O, incluso, ni eso.

El Código Civil cambiará «madre» por «progenitor gestante». La Ley Trans aprobada el jueves 16 de febrero en el Congreso de los Diputados, en su disposición final primera, incluye una reforma del Código Civil para sustituir «madre», «padres», «mujer» u «hombre», por «personas», «progenitores» o «progenitor gestante». De este modo, los términos «padres», «madre» o «padre», sin ningún añadido, desaparecerán del Código Civil, de modo que, en el caso de que únicamente haya madre, el término empleado será «madre o progenitor gestante» y en el caso de los hombres, aparecerá «padre o progenitor no gestante».

Entre otras cosas, se elimina el término «familia numerosa», para ser, junto con otras, «Ley de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza», a partir del presente año 2023. Está visto que aquella expresión les molesta porque, según su errónea apreciación, nos retrotrae a otros tiempos asociados con determinado sistema político. Y la familia es numerosa o no por la libre decisión de los padres, de los miembros del matrimonio, sin identidad política de ninguna naturaleza o con la que cada uno haya decidido adoptar. Para estos legisladores no se trata de ser justos o equitativos, sino de generar una cierta forma de clientelismo político.

Con las leyes promulgadas por el actual gobierno los menores podrán cambiar de sexo libremente, sin informes médicos ni psicológicos. La autodeterminación será completamente libre desde los 16 años; entre los 14 y los 16 años se precisa el permiso de los padres, pero como si no, ya que en caso de desacuerdo con ellos se fija la vía de acceso por medio de un defensor judicial, que, en vista de cómo el poder ejecutivo está intentando controlar al judicial, cabría suponer que se aspirará a que sea afín ideológicamente a la práctica en litigio, al menos en algunos casos. Pero los suficientes para culminar el despropósito. Entre los 12 y los 14 años las solicitudes precisan del aval de un juez y por debajo de los 12 años, esos menores podrán cambiar de nombre y ser tratados conforme a su nueva identidad en los centros escolares, aunque todavía no puedan cambiar judicialmente de sexo.

No ha mucho que la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha hecho pública una nota denunciando cómo, en los últimos meses, se han incoado iniciativas legislativas que, a su juicio, lejos de promover el bien de la persona y su dignidad, atentan gravemente contra la misma.

Consideran los obispos que es preocupante la implicación directa de la Administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género refiriéndose a este comportamiento como colonización ideológica y advierten de que un estado democrático no puede imponer una visión antropológica peculiar y reducida en todos los ámbitos: educativo, jurídico, sanitario, laboral, en los medios de comunicación, en la cultura, el deporte y el ocio.

Recuerdan que el papa Francisco ha hablado, en numerosas ocasiones y siempre en tono sumamente crítico, de la denominada «ideología de género» llegándola a considerar uno de los mayores atentados de nuestros días contra la dignidad humana y, tal vez, la mayor amenaza existente contra la familia.

Por último se refieren a la pretensión de este gobierno de imponer una especie de «listas negras» en las que figuren los profesionales sanitarios que hagan uso del derecho de objeción de conciencia y no se presten a practicar la eutanasia o los abortos, en vez de establecer unos listados de aquellos facultativos dispuestos a tales prácticas porque hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la vida social sin condicionar el desempeño profesional en libertad. 

Creemos que no vale argumentar que estas cuestiones no son competencia de la Iglesia y que los obispos, en este caso, se entrometen en la política. Estimamos que son cuestiones que nos atañen a todos, independientemente de nuestra adscripción política o creencias religiosas, en tanto en cuanto ciudadanos, personas, seres humanos y partícipes de una determinada civilización

En el caso de las familias está claro que no se está legislando teniendo en cuenta a sus componentes, ya sean los padres o los hijos, sino en función de unas ideologías radicales a las que se subordina al propio ser humano como tal. Y una de sus estrategias consiste en ocultar sus verdaderas intenciones en sus programas electorales o, incluso mentir descarada, deliberada y premeditadamente para, una vez alcanzado el poder, imponerlas a golpe de decreto. En los últimos años tenemos sobradas experiencias que no debemos de olvidar al tener que acudir de nuevo a las urnas, especialmente si creemos en la institución de la familia como tal y en los derechos, deberes y responsabilidades de todos y cada uno de sus miembros.