Quien no tiene límites, se pasa

Ante la deshonrosa situación política que estamos viviendo, he acudido a las Obras completas de José Antonio con el objetivo de averiguar si había alguna reflexión o análisis sobre una situación semejante con el objetivo metodológico de realizar una comparativa. No esperaba encontrar gran cosa, sinceramente. No por nada. Es que las condiciones sociales, políticas y jurídicas de los años treinta no son las mismas que las de ahora. Por razones evolutivamente obvias.

Y estaba equivocado. José Antonio dice cosas muy sensatas y razonables que, mutatis mutandis, se adaptan y aplican a los sucesos políticos que, con vergüenza, estamos viviendo. Me refiero al texto titulado Orientaciones hacia un nuevo Estado (1971, pp. 37-38). Permítaseme extraer algún párrafo. Lo digo porque será largo. Pero merece la pena leerlo. Tanto, que hasta diría que apenas requiere comentario alguno.

«El Estado liberal permite que todo se ponga en duda, (…). Sólo hay una limitación: la Ley. (…) Ahora que, ¿qué es la Ley? (…).

La Ley –el Derecho- no se justifica para el liberalismo por su fin, sino por su origen. Las escuelas que persiguen como meta permanente el bien público consideran buena ley la que se pone al servicio de tal fin, y mala ley, la promulgue quien la promulgue, la que se aparta de tal fin. (…).

Lo justo para el liberalismo no es una categoría de razón, sino un producto de la voluntad. No hay nada justo por sí mismo. Falta una norma de valoración a que referir, para aquilatar su justicia, cada precepto que se promulgue. Basta con encontrar los votos que lo abonen. (…)».

Cierto es que habla del Estado liberal, pero el contenido de lo que dice sí es exportable a lo que está ocurriendo. La comparativa, pues, no resulta forzada, ni mucho menos. Pues bien, como sabemos, el Partido Popular (en adelante, PP) ha entendido que sus derechos han sido vulnerados (artículo 23 de la Constitución Española, en adelante CE) por una cuestión de procedimiento legislativo mal traído, probablemente a conciencia.

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) le ha dado la razón declarando que se vuelva a tramitar las pretensiones del Gobierno, pero haciéndolas por el cauce que ordena la CE y las leyes. Nada más.

Ni les prohíbe hacerlo ni está realizando una injerencia indebida en el Poder Legislativo. Lo único que les ha dicho, sobre la base del artículo 56.6 LOTC, es, dicho de otro modo: «deténganse, vuelvan a hacer ustedes su trabajo, pero en esta ocasión háganlo bien». Como diría Ortega, «piensa antes de hablar, ¡pero piénsalo!».

Sin embargo, las declaraciones de los políticos que forman parte del Gobierno o que son afines a él han ido en una línea más allá de la crítica, utilizando incluso la mentira o la media verdad: atentado contra la Democracia, contra la división de poderes, golpe de Estado judicial,…, llegando a alegar torticeramente nada menos que la inviolabilidad de las Cortes Generales (artículo 66.3 CE), cuando dicho concepto nada tiene que ver con el derecho que ha ejercido el PP: si tuviera que ver, la CE no les daría el derecho a ejercer el Recurso de Amparo (ni los demás recursos pertinentes), ni al PP ni a ningún partido.

¿Cuál es la finalidad que persigue el Gobierno y afines? La primera es crear cizaña engañando o, como dice José Antonio, «que todo se ponga en duda». De este modo su relato es comprado, al menos, por sus seguidores, quienes no sólo no escucharán otras explicaciones, sino que no leerán las leyes aplicables al caso. El Gobierno, conocedor de esta realidad polarizada, sabe que su relato se vende fácil.

Cuando, en contra de lo relatado por el gobierno et ad lateres, además de lo argumentado supra, no todo está al alcance de las mayorías. En palabras joseantonianas, falta una finalidad fundamental, una meta: “el bien público”, concepto que incluye también los derechos de las minorías, en este caso de los diputados y, redimensionando, de los ciudadanos que les han votado, porque les representan. Las mayorías no necesitan más protección porque se protegen por sí mismas. Quienes necesitan protección son las minorías. Al menos en un Estado democrático, si aspira a ser tal.

Concretando: querer introducir enmiendas en una proposición de ley que nada tiene que ver con tales enmiendas infringe un elemental principio de homogeneidad al no existir conexión entre tales enmiendas y el texto que se pretende aprobar (SSTC 119/2011, 136/2011 y 172/2020); amén de que mediante la proposición de ley evitan los mecanismos de control preceptivos; y, finalmente, aprobando esa proposición de ley se aprobarían las meritadas enmiendas sin previo debate, vulnerando los referidos derechos. Dichas enmiendas tenían que ver, nada menos, con la reforma de dos Leyes Orgánicas, sobre el TC y el Consejo General de Poder Judicial.

Es que, recordemos vuelve a decir José Antonio, «no hay nada justo por sí mismo. Falta una norma de valoración a que referir, para aquilatar su justicia, cada precepto que se promulgue». Esa norma, en nuestro caso, es la CE y el resto del Ordenamiento Jurídico, CE y Ordenamiento al que los ciudadanos y los poderes del Estado se deben, nos debemos (artículo 9 CE). Porque si no, como acaba diciendo José Antonio, para hacer cualquier justicia barata en derechos bastaría únicamente con encontrar los votos que la abonen.

Hemos dicho que la primera finalidad del Gobierno y afines es poner en duda todo creando cizaña. Y decimos la primera porque la finalidad última, la que se esconde detrás de sus intenciones y declaraciones, es dominarlo todo sin cortapisas, que es tanto como decir cambiar el actual modelo de Estado social y democrático de Derecho, que requiere contrapesos y equilibrio, debate y deliberación; no, como está sucediendo, concentrar poder vulnerando derechos y concediendo privilegios para mantenerse en ese poder.

Cierto es que las leyes las promulga el Poder Legislativo, pero no es lo mismo hacer leyes que creerse ser la Ley y, además, reiteramos, tratar de ejercerla sin control alguno de legalidad. Lo que está en juego, entre otras cuestiones constitutivas, no es otra cosa que la paz, fin último al que aspira toda justicia. Y precisamente para mantenerla, el Preámbulo de la CE principia diciendo:

«La Nación española, deseando establecer la justicia y la seguridad y promover el bien común de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes (…)».

Quien no tiene límites, se pasa.