Escribía hace pocos días Rafael Arenas que durante décadas el estado autonómico había avanzado bajo una premisa que se tomaba como dogma de fe: «Toda descentralización es buena». Arenas, Catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona en la diana del secesionismo catalán, añadía: ahora, simplemente, preguntamos «¿seguro?» «¿por qué?».

Efectivamente, las preguntas no son fruto de la polarización política, sino del mero sentido común. España no puede perder la oportunidad de aprovechar eficazmente los fondos de recuperación desplegados por la Comisión Europea tras la pandemia, tampoco aquellos que nacen del bolsillo de los propios contribuyentes. Ni España ni ningún país.

Parte de esos fondos deben estar alineados con necesidades seculares de nuestra Nación como son la necesidad de equilibrar la abundancia de agua y su escasez dependiendo de la zona así como la inaplazable mejora en las infraestructuras de comunicaciones. Para la resolución de ambas carencias, la compartimentación administrativa sigue actuando como la arena en los cojinetes de las ruedas. Hasta hace poco había un amplio consenso sobre este freno vistas las diferentes respuestas locales a los azotes de la pandemia. Ahora casi todos han olvidado esta rémora hasta el punto de volver a señalar con el dedo acusador a quien pide una racional coordinación administrativa en beneficio de la calidad de los servicios públicos.

La semana pasada abordábamos las posibilidades que presenta para un país de largo litoral y amplias cuencas hidrográficas como España, la combinación de las desaladoras con los embalses de bombeo para equilibrar los déficit hídricos y abaratar el precio de la energía hidroeléctrica libre de contaminación. Con todas las matizaciones que la propuesta admite, la compartimentación autonómica la hace mucho menos probable que el racionamiento del agua para agricultores y familias. La estructura administrativa acaba cerrando puertas a esta propuesta y a la más amplia de revisar el Plan Hidrológico Nacional.

España no ha necesitado de la Agenda 2030 para ser sensible a la necesidad de las grandes obras públicas de trasvases de agua. Precisamente aquí está el origen donde se debe buscar parte de la gran reputación internacional que tienen las empresas españolas de ingeniería civil.

España también se llena la boca de la urgencia en la lucha contra el vaciamiento interior mientras ve pasar desde la orilla los años que transcurren sin empezar a construir el ramal ferroviario central. Un ramal que no sólo permitiría conectar los ya existentes ramales atlántico y mediterráneo sino que sería la mejor salida logística para la industria que aún resiste en la España interior.

Para el desarrollo de este ramal con los estándares de limpieza medioambiental que se requieren, resulta imprescindible la inversión en la construcción de subestaciones eléctricas y su posterior interconexión de manera que se permita mover los vagones con electricidad limpia en lugar de con combustibles derivados del petróleo. De nuevo aquí, un proyecto de país como es el ramal central se ve encapsulado por las barreras de autorizaciones no sólo regionales sino también locales que frenan el desarrollo de la infraestructura eléctrica primero, de la ferroviaria después y, finalmente, de la mejora en la distribución de lo que aún se sigue fabricando en el interior de España.

La polarización no es el bálsamo de Fierabrás que remedia la falta de criterio original en las tertulias cotidianas. El remedio que se echa en falta es volver a traer a nuestra mente la dificultad que existía para que las comunidades autónomas se prestasen respiradores artificiales en plena agonía de pacientes infectados por covid.

Mientras la lenta maquinaria administrativa europea ha logrado crear una plataforma para la compra consorciada -agregada- de gas natural para no repetir la subida de precios del año pasado, en España nos sigue atenazando una irracional compartimentación estanca entre territorios.

Los particularismos siguen mostrándose casi indestructibles frente a la racionalidad y a los derechos de los ciudadanos españoles. No es un lugar común sino un depósito repleto de ejemplos. En Galicia, una profesora de violín ha sacado un 100 en el concurso de méritos para acceder a una plaza en la Escuela Municipal de Música del municipio de Ames, pero el tribunal la ha excluido por no aprobar el 'C1' de gallego. Ahora es la plataforma Hablamos Español, la sociedad civil en definitiva, quien ha asumido la defensa.

No se pueden secuestrar los debates en una sociedad madura y democrática. Si así ocurre, si el agua no fluye cuando el grifo se abre, el tren nunca llega o el médico no se contrata por no dominar la lengua local, la responsabilidad será de todos. No busquemos a los culpables en otra parte.

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